En coordinación con la Policía Federal de México ubicaron en Medellín al fugitivo cubano-mexicano Cristóbal Fernández Viamonte, máximo cabecilla de una organización criminal dedicada a captar mujeres en distintas ciudades del país con fines de explotación sexual.

La mayoría de las víctimas, de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, procedentes de Cali, Medellín y Bogotá, eran trasladadas a Cancún y Mérida, donde las despojaban de sus pasaportes y las obligaban a firmar un contrato por una deuda imposible de pagar.

El delincuente, requerido por las autoridades mexicanas, habría ingresado a Colombia hace 4 años y posaba de próspero empresario que vivía en una mansión de El Poblado y se transportaba en vehículos blindados de alta gama, con un nutrido esquema de seguridad.

Así fue

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y en un trabajo articulado con la Policía Federal de México, logró materializar una importante actividad operativa en el Centro Comercial Milla de Oro de la ciudad de Medellín, con la retención por notificación roja de Interpol del ciudadano cubano - mexicano Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, cuando salía de su rutina diaria de deporte y quien es requerido por el país de México por los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual agravado.

Se trata del cabecilla principal de una organización criminal a quien se le venía siguiendo la pista desde hace 90 días, quien se dedicaba a captar mujeres en las ciudades de Medellín, Bogotá y el departamento del Valle del Cauca, algunas de ellas de escasos recursos o en situaciones de vulnerabilidad, las cuales eran engañadas y posteriormente explotadas sexualmente, de igual forma, se pudo conocer que a los integrantes de la organización se les entregaba un incentivo económico para la captación de mujeres y posteriormente para convencerlas de viajar en calidad de damas de compañía y meseras hacia Cancún y Mérida, en el estado de Yucatán en México.

"Una vez arribábamos éramos recibidas por integrantes de la estructura criminal, quienes nos trasladaban a casas de seguridad donde nos despojaban de pasaportes y toda  documentación", señaló una víctima del Valle.

Luego las obligaban a firmar un contrato con el que no estaban de acuerdo y en el que les imponían una deuda imposible de pagar con gastos que no eran pactados desde su salida de Colombia a fin de tenerlas esclavizadas.

Al ver estos actos de infamia y degradación hacia ellas buscaban la forma de escapar hacia los consulados o autoridades mexicanas para los trámites de repatriación y de este modo huir de las redes criminales de Cristóbal Paulino Fernández Viamonte.

"Cabe resaltar que dentro del proceso investigativo, el cual también estuvo liderado por el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, se obtuvo información privilegiada en la que se constata que estas mujeres también eran persuadidas con cartas de invitación desde México, lo que les permitía pasar con gran facilidad ante los controles migratorios.

Aunado a esto también contaban con reservas en diferentes hoteles para descartar que allí se estuviera presentando trata de personas y de este modo desviar el curso de las actividades investigativas que se tenían en desarrollo", contó la Policía.

Dentro de las actividades de Policía Judicial adelantadas se supo que esta persona estaría en Colombia, específicamente en Medellín desde hace más de 4 años, fungiendo como un ostentoso empresario de la ciudad en mención, vivía en el sector del poblado, en una lujosa casa campestre, se movilizaba en vehículos blindados de alta gama junto a su esquema de seguridad y poseía un patrimonio superior a los 8 mil millones de pesos, producto del negocio ilícito, añadió la institución.

Ante este repudiable hecho, las actividades investigativas continúan con el propósito de ubicar y capturar a los integrantes de esta organización los cuales siguen delinquiendo en Colombia y México; aunado a esto, el retenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales a esperas que se allegue la documentación por vía diplomática desde el país requiriente y de esta manera se expida la orden de captura con fines de extradición dentro los próximos 5 días hábiles.

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