En la familia de un joven, de 21 años, reconocen que él cometió un error por el que debe pagar. Teniendo 17 años, asesinó en el 2019 a un allegado y un juez de menores lo obligó a pagar 5 años en la Ciudadela Los Zagales y le faltan 7 meses para cumplir.

Sin embargo, el tiempo no solo se acorta para salir a la calle, sino que parece jugar también contra su vida. Eso, sumado a la falta de respuesta de las autoridades, lo que tiene a la madre del muchacho preocupada porque este ya se intentó quitar la vida.

Hace 10 meses lo trasladaron a Medellín y desde entonces los malos tratos, la imposibilidad de continuar con su carrera universitaria y el aislamiento de su familia le causaron problemas. Tras provocarse lesiones el pasado 20 de marzo, lo enviaron a un hospital en Medellín y nadie en su familia lo ha podido contactar.

A la mujer le preocupa el estado emocional del muchacho ante los episodios de depresión, ansiedad y estrés. En las cartas que ha enviado también manifiesta el poco acompañamiento del ICBF y del funcionario que lo acompaña.

Luego de estabilizarlo tras intentar quitarse la vida, lo enviaron a una clínica de salud mental y la madre alega que no solo lleva dos semanas sin saber de él, solo por lo que le comunican las entidades, sino que ahora un juez le canceló los permisos para poder contactarlo.

Ella solicitó al Juzgado que se ordenaran acciones preventivas, de modo que psicólogos y psiquiatras valoraran al muchacho, así como el acompañamiento del ICBF, Procuraduría y otros para evitar que ocurra algo peor. Pidió que le permitieran más tiempo al teléfono, pues actualmente solo pueden hablar 20 minutos en el mes.

ICBF no se pronuncia

LA PATRIA intentó dialogar con funcionarios del ICBF y desde el pasado 26 de marzo habló con la oficina de comunicaciones, pero solo hasta ayer respondió que estos casos son reservados, se está investigando y no dio más información.

Un juzgado de garantías para adolescentes de Manizales le respondió a la madre que tanto ella como la pareja del muchacho se dedicaron a entorpecer el proceso y no colaboran con las intervenciones que le realizan en el sitio donde está recluido.

Los profesionales de salud que lo atienden aseguran que se ha brindado la atención requerida bajo los lineamientos del ICBF y el joven no requiere del acompañamiento de su familia, por lo que el despacho negó la posibilidad de visitarlo.

Contrario a lo dictado por el juzgado, la Personería de Manizales emitió una orden en la que se solicita al centro de atención responsable del afectado que se permita la “visita prioritaria y urgente”, decisión que no han cumplido.

Sus derechos

La familia del muchacho sostiene que se están vulnerando sus derechos a la vida, la salud y los lazos familiares, tal como indica el Código de Infancia y Adolescencia. Dado que en Semana Santa se presentó la vacancia judicial, las autoridades han demorado las respuestas.