La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encontró que el funcionario fue el determinador de irregularidades para manipular el sistema y articular a servidores judiciales y particulares para tomar una decisión en beneficio de un empresario.

Para conseguir ese fin ilegal, por el que recibió una remuneración, el juez, que laboraba en Bogotá, incurrió en los delitos de cohecho impropio, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado.

El sentenciado a 75 meses de prisión es el ahora exjuez 6º Civil del Circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas. Los hechos son de agosto del 2015, cuando la compañía multinacional coreana Hyundai Motor Company decidió retirar el derecho de distribución exclusivo de sus vehículos en Colombia a la empresa nacional Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era el empresario Carlos Mattos Barrero, a quien le comunicaron esa determinación.

Mattos Barrero conformó un equipo jurídico con el fin de interponer acciones judiciales.

Adicionalmente, en octubre de ese año contactó a Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, y por su intermedio al juez Reinaldo, titular de ese despacho, para que lo beneficiaran en una demanda verbal de mayor cuantía que interpondría en contra de Hyundai.

Tiempo después se reunieron el empresario, su abogado, Luis David Durán Acuña; el oficial mayor, Dagoberto; y el juez Huertas.

Allí Mattos Barrero pactó con el funcionario judicial la suma de $700 milllones como pago por proferir y mantener en el tiempo una medida cautelar prohibiendo a la compañía coreana negociar sus productos con personas jurídicas distintas a Hyundai Colombia Automotriz.

Luego de ese acuerdo inicial se convino el pago de otros montos y de una "prima de éxito". El encargado de entregar los dineros fue Luis David Durán Acuña.

Con el fin de manipular el sistema de reparto y que la demanda fuera asignada al Juzgado 6º Civil del Circuito de Bogotá, Huertas le indicó a Dagoberto que contactara a Edwin Fabián Macías Castañeda, quien había sido empleado de su despacho y tenía contactos con empleados de soporte técnico.

Plan

Este último vinculó al plan criminal a Ramón Orlando Ramírez Fuentes, ingeniero jefe de sistemas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Este dio instrucciones a Edwin Enrique Angulo Martínez y Wímer Andrey Patiño Rodríguez para manipular el reparto, labor a la que sumaron al ingeniero Carlos Arturo Lópe Lara, quien capacitó a Wílmer sobre el manejo del sistema y el borrado de evidencia.

También vincularon a Wímar Andrey Casas Mendoza, auxiliar administrativo de la Dirección Ejecutiva quien aportó su usuario "wcasaam" y su clave de acceso.

En febrero del 2016 se hizo un primer intento de reparto dirigido, el cual falló ya que el proceso fue asignado a otro despacho judicial y tuvo que retirarse la demanda.

Pero el 29 de ese mismo mes y año, Edwin Fabián, exempleado de Huertas, radicó la demanda verbal de mayor cuantía en contra de Hyundai, la cual fue direccionada al Juzgado 6° Civil del Circuito de Bogotá , bajo el radicado 110013103006201600069-00.

Este reparto fue manipulado de manera remota por Wílmer Andrey desde un computador portátil al que denominaron "Ventanlla09", con el que accedió a las redes de comunicaciones de la Dirección y al sistema de reparto de la Rama Judicial.

Pagos

Su labor consistió en modificar la base de datos del Sistema de Administración Reparto Judicial, concretar el reparto deseado y luego eliminar los registros de esas actuaciones irregulares la memoria del sistema "Bitácora.

Aunque la demanda verbal de mayor cuantía de Hyundai fue radicada el 29 de febrero de 2016, solo ingresó al despacho hasta finales de marzo de ese año cuando se levantó un cese de actividades de la Rama Judicial, que se inició en octubre del 2015.

En consecuencia, el 6 de abril de 2016, el juez Huertas decretó la medida cautelar que había sido pactada.  Por el compromiso de decretar la medida cautelar, por haberla decretado y por mantenerla en el tiempo, el funcionario judicial recibió, desde diciembre del 2015 y durante el 2016, entre $1.000 millones a $1.200 millones aproximadamente.

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