María Isbelia Patiño Cañas fue tesorera de Marulanda entre los años 2004 y 2007, tiempo en que fungía como alcalde Rigoberto Castaño Tovar, a quien asesinaron integrantes del Frente 47 de las Farc en 2006. El crimen ocurrió en el sector de Piedra, a 20 minutos del casco urbano, cuando el político se dirigía a Manizales.

A la mujer la obligaron a pagar extorsiones durante su estancia en la Alcaldía, pero luego la capturaron por su supuesta participación en el homicidio, por testimonios de desmovilizados que aseguraron que les dio el dinero para sacarlo del camino porque lo consideraba como una piedra en el zapato para sus aspiraciones políticas.

Un juez la absolvió en primera instancia, pero la Fiscalía se opuso y apeló. En segunda instancia se revocó la medida y la condenaron a pagar ocho años de prisión. El caso lo asumió el abogado César Augusto López, lo llevó a casación y em esa instancia la Corte Suprema de Justicia la declaró inocente.

La pelea pasó a manos de Benjamín Herrera, quien demandó a la Nación por los daños causados a la mujer y a su familia, por los 29 meses que estuvo privada de la libertad. Sin embargo, un juzgado admnistrativo absolvió a la Fiscalía y a la Rama Judicial, tras considerar que la valoración de la Corte no era acertada.

Nuevamente se llegó a una segunda instancia, esta vez ante el Tribunal Administrativo de Caldas, que decidió que a Patiño Cañas y a su familia deben indemnizarlos.

“He atendido numerosos casos como este y otros de privaciones masivas de libertad, se inician procesos de reinserción y luego estos señores dicen que alguien les colaboraba, y con eso sencilla y llanamente viene la actuación de la Fiscalía. Privan de la libertad con esas informaciones”, reclamó el abogado Herrera.

Reiteradas extorsiones

En varias oportunidades extorsionaron a la mujer y luego esto se tornó en un tema político que terminó por destruir su vida, tuvo que salir de su pueblo y hasta pasar por la cárcel y luego tener detención domiciliaria.