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Alias Tetas buscaba preacuerdo por el caso del peaje Guaico e irse a juicio por el de San Bernardo del Viento.
LA PATRIA | MANIZALES
José Eduardo Olarte Largo, alias Tetas, uno de los cinco vinculados a los dos hurtos y crímenes del año pasado en dos peajes de Caldas, buscaba ayer hacer un preacuerdo por el caso del Guaico e irse a juicio por el de San Bernardo del Viento.
El pacto establecido con la Fiscalía era de 20 años de prisión y multa de $1.755 millones por la muerte, el 16 mayo del 2022, del vigilante Ricardo Orozco Muñoz. Ese día la banda, que arribó en 3 motos, robó $13 millones 800 mil. Esa negociación se logró luego de que la concesión Pacífico Tres certificó que fue reparada por los daños causados con el robo, pero aclaró que fue la aseguradora quien dio ese dinero.
Ante esta afirmación, la Procuradora reiteró que no es lo mismo que el dinero lo devuelva el condenado, a que se haga a través de una póliza. "Hubo un incremento patrimonial y va a sacar ventaja punitiva de un descuento de la mitad de la pena. No estoy de acuerdo con el pacto".
El representante de Pacífico Tres indicó que ese dinero no puede ser reintegrado dos veces, en términos contables, pues ya se recuperó a través de la aseguradora. El abogado de Olarte Largo manifestó que la norma indica que lo importante es que el dinero se haya recuperado.
Tras estas intervenciones, el juez dijo: "Deben buscar otra alternativa" y por ahora se dio el 12 de octubre como fecha de la audiencia de acusación por los dos crímenes.
Ya definieron su situación jurídica Carlos Enrique Pérez Barrios (alias Chamo), Luis Esneyder Ramírez López (alias Esneyder) y Ánderson Álvarez Arcila (alias Amarillo). Pagarán 25 años por los dos homicidios, vía preacuerdo.
En su momento, las autoridades ofrecieron $70 millones de recompensa para dar con los responsables.
Wilson Andrés Álvarez Arcila ya tiene condena de 20 años por uno de los dos casos (San Bernardo del Viento), pues no se pudo demostrar que participó en el otro. A una mujer vinculada le precluyeron por la imposibilidad de demostrar su supuesta participación en los delitos.