LA PATRIA | MANIZALES

En un principio se consideró que la muerte de José Fernando Ríos Jurado, de 52 años, en la carrera 35 con calle 65, de Fátima (Manizales), hacia las 2:45 de la mañana, se debió a que rodó por unas escalas en aparente estado de alicoramiento, en marzo del año pasado.

La familia desconfió de esa situación y dijo que alguien lo había empujado. Y al parecer, tenía razón.

El pasado viernes, la Fiscalía llevó a audiencia de control de garantías a un hombre, señalado de empujar a José Fernando por unas 10 escaleras y causarle el deceso.

Al aprehendido lo extraditaron de Madrid (España), hacia donde viajó al mes siguiente de la muerte.

Ríos Jurado era recordado por los animalistas, pues lo reconocían por su ardua y compromiso con la Unidad de Protección Animal (UPA).

Audiencia

En la audiencia se indicó que José Fernando pereció por las lesiones en cabeza y tórax. Él y su posible verdugo compartían en una discoteca del sector, pero en medio del licor terminaron discutiendo por $100 mil que el hijo del fallecido le debía al hoy capturado por un negocio de un play station y algunos videojuegos.

Al salir del establecimiento continuaron alegando y, al parecer, el sindicado empujó a José Fernando por las escalas. Pese a las heridas que este último sufrió, su agresor no lo auxilió y se retiró del sitio.

El procesado no aceptó cargos por homicidio agravado y le hablaron de una pena que parte de 400 meses. A criterio del juez pudo configurarse un homicidio preterintencional, que es cuando se agrede, pero no con la intención de generar el deceso, y tiene una pena menor.

Medida

Posteriormente la fiscal solicitó mandarlo a la cárcel por considerar que es un peligro para la sociedad por el daño que ocasionó y porque podría no comparecer a las audiencias, "pues toda la familia del procesado (padres, compañera sentimental e hijo menor) viven en España y podría escapar de nuevo hacia allá".

La abogada del capturado indicó que sí tiene familiares en Colombia y habló de la abuela que vive en Manizales. Además, que se fue para España por amenazas de la familia del fallecido, no para escapar como lo aseguró el ente acusador.

El juez descartó la primera, pues conceptuó que la acusadora no acreditó por qué es un un peligro. Sobre lo segundo dijo que hay inferencia razonable de que el aprehendido haya cometido el delito, pero consideró que con una detención domiciliaria es suficiente.

Las condiciones son que debe permanecer en su casa, no cambiar de vivienda y acudir cuando lo requieran. La fiscal apeló de la medida y espera la decisión de la segunda instancia.

El procesado fue trasladado desde España por funcionarios de la Dijín de la Policía. Allí, según se conoció en audiencia, adelantaba trámites para solicitar asilo político por supuestas amenazas.

Al final de la audiencia el juez se quejó de algunos mensajes de rechazo, unos de grueso calibre, escritos en el chat de la diligencia por, al parecer, allegados a la víctima.

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