Una mujer logró llegar a un acuerdo con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y aunque obtuvo una sustancial rebaja, pretendía pagar su pena en la casa y una disminución en la multa, solicitudes que le negaron.

Ella pertenecía a la banda de los de la 23, dedicada al microtráfico en los barrios Juan XXIII, Carlos Parra, La Bis y Nuevo Horizonte, de Chinchiná, que delinquió entre el 16 de junio del 2021 y el 1 de marzo del 2023, tras su desarticulación.

A alias María la señalaron de vender y almacenar estupefacientes para dicha organización, además de encargarse de ingresar alucinógenos a una cárcel, en donde se la entregaba a alias Cerafo. En conversaciones telefónicas interceptadas, las autoridades la pusieron en evidencia.

Durante la captura, a esta mujer le hallaron dentro de su vivienda 110 gramos de marihuana y tras la audiencia de control de garantías ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Chinchiná negó cargos, pero le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Posteriormente, el 28 de septiembre le formularon acusación, sin embargo, la defensa de la mujer indicó que tenía la intención de llevar a cabo un preacuerdo, que consistía en aceptar cargos y le rebajarían la pena en el 50%, por lo que le quedaría en 4 años y 8 meses y el pago de una multa de $1.600 millones.

La diligencia se llevó a cabo ante el Juzgado Primero Penal Especializado de Manizales, que avaló dicha negociación. El abogado solicitó la detención domiciliaria, dado que es madre cabeza de hogar de cuatro niños entre los 6 y 12 años.

Por eso se ordenó un estudio sociofamiliar que llevó a cabo una trabajadora social de la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal y tras analizarlo, le negaron dicho beneficio.

Por esa razón, el defensor apeló para que el Tribunal Superior de Manizales analizara la situación en segunda instancia. Alegó que mantenerla tras las rejas no cumpliría con el fin resocializador, pues se trata de una joven madre que se ve en la obligación de trabajar para ver por los menores.

Así mismo, expuso que no existía núcleo familiar que se pudiera hacer cargo de ellos, y aunque viven con una tía y la abuela maternas, no podrían contar con su progenitora para la crianza. Incluso dijo que los delitos cometidos no ameritaban una afectación al núcleo familiar.

En cuanto a la sanción económica, la defensa solicitó que se modificara, dado que era muy alta para su defendida.

A seguir encerrada

El Tribunal Superior de Manizales decidió confirmar el fallo de primera instancia y mantener a esta mujer encerrada en una cárcel, pues argumentó que no expuso suficientes hechos como para que le dieran la domiciliaria y le rebajaran la multa.

En primer término, la Sala Penal indicó que se demostró que los niños cuentan con una familia extensa, la tía y la abuela, quienes los cuidan actualmente, algo que la misma defensa expuso y así desvirtuó la necesidad de que la madre estuviera con sus hijos.

Sumado a eso, están escolarizados. Otro punto para negar dicha domiciliaria. En la visita de la profesional de la Comisaría de Familia se demostró que económicamente estaban lo suficientemente bien como para solventar los gastos básicos, por lo que no se demostró que los pequeños fueran vulnerables.

Sobre la premisa de que no habría resocialización de María, el Tribunal indicó que el Inpec "le garantiza a la población privada de la libertad una serie de programas y actividades dentro del tratamiento penitenciario, cuya finalidad se dirige específicamente en conseguir su reinserción social".

Frente al dicho del defensor de que dichos delitos no afectaban de manera grave al núcleo familiar, la entidad respondió que una detención domiciliaria busca salvaguardar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, contrario a lo que demostró la mujer.

"La gracia se predica de ellos y no de quien ha defraudado la institucionalidad y la ley penal, sin medir las consecuencias que dicho proceder podría generarles a sus propios hijos, quienes conforme lo establecido en la actuación no quedan desprotegidos, dado que ostentan una familia extensa, que bien pueden suplir la ausencia de su progenitora, mientras salda su deuda con la sociedad", resaltó.

Hasta la fecha, María ha pagado 19 meses de los 54 de prisión a la que la condenaron, por lo que podría tener otra oportunidad de demostrar buen comportamiento y cumplir una parte de la pena entre las rejas.

Los de la 23

En marzo del 2023, la Sijín de Caldas realizó un operativo en el que capturaron a 13 personas señaladas de expender estupefacientes en Chinchiná, y Santa Rosa y Marsella (Risaralda). Sus cabecillas son Malvina, Cirilo y Cirilo hijo.

Les incautaron tres armas de fuego, 8 kilogramos de marihuana, 126 gramos de cocaína, 25 gramos de base de coca, 4 cartuchos de diferentes calibres, 14 celulares y $13 millones 215 mil, producto de la venta de droga.

A pagar la multa

Según el Tribunal, el espacio en el que se debió solicitar una sanción económica menor era antes de la emisión de la sentencia, por lo que esta seguirá también en lo mismo. La sala destacó que de hacer esto después de los términos establecidos vulneraría el debido proceso.

Extinción de dominio

En septiembre del 2023, la Policía de Caldas y la Fiscalía 52 Especializada de Extinción de Dominio efectuaron un operativo de extinción de dominio a una vivienda avaluada en $250 millones en el barrio Carlos Parra de Chinchiná.

Según investigaciones, esta vivienda se usaba para la comercialización de estupefacientes y además la fueron edificando con los réditos que obtenían de la actividad ilícita. En meses anteriores, las autoridades ya habían aplicado las mismas medidas sobre un automóvil y una camioneta, utilizados para el transporte de drogas.

¿Cómo se tramita la domiciliaria?

1. Revisar si cumple con los requisitos para acceder al beneficio de prisión domiciliaria:

• Que la condena sea por un delito cuya pena mínima sea de 8 años de prisión o menos.

• Que no se trate de delitos contra la administración pública cometidos con dolo, lavado de activos, violencia intrafamiliar, entre otros.

• Demostrar el arraigo familiar y social del condenado.

• El condenado haya cumplido más de la mitad de la pena.

• El condenado no pertenezca al grupo familiar de la víctima.

2. Presentar un memorial ante el juez de ejecución de penas o el que llevó el caso, manifestando que cumple con los requisitos para solicitar este beneficio.

Además debe presentar cartas y documentos que prueben el cumplimiento de uno de los requisitos. Pueden ser cartas de la familia, de los vecinos, incluso pueden ser cartas de figuras importantes en el barrio, como el cura de la iglesia local o certificados médicos.

3. El juez revisará el cumplimiento de los requisitos y decidirá si concede o no la prisión domiciliaria. En el caso que conceda la prisión domiciliaria, deberá firmar un compromiso y pagar una suma de dinero que garantice el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

*Información del Ministerio de Justicia

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