LA PATRIA | MANIZALES*

Por presunto incumplimiento de una orden judicial y de los plazos legales previstos par​​a responder cuatro peticiones de información respecto a unidades mineras incluidas dentro del censo de la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Riosucio, Caldas, Marlon Alexánder Tamayo Bustamante.

Al parecer, el investigado retardó la respuesta de tres peticiones de información del gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo y Lomaprieta, y otra más, presentada por la Defensora Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, en las que se le solicitaba atender la orden decimotercera de la sentencia de la Corte Constitucional consistente en cerrar las minas que carecían de títulos mineros o de trámites de formalización.

El ente de control busca establecer si el mandatario faltó a su obligación legal de ejercer vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la orden judicial y, si se ocasionaron perjuicios a terceros con la explotación ilegal de la que estos yacimientos estarían siendo objeto.

Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Manizales “el disciplinado, en su calidad de alcalde, debía desplegar mayor atención en garantizar la efectividad de los derechos de los habitantes del territorio como uno de los fines del Estado Social de Derecho”.

Con este posible actuar el implicado habría contrariado el principio de eficacia administrativa que garantiza y rige la función pública, entre otros.

Las supuestas conductas de Tamayo Bustamante fueron calificadas provisionalmente por el Ministerio Público como graves a título de culpa grave y gravísima cometida con culpa gravísima.

En cumplimiento de la separación de roles, el expediente se remitirá al despacho correspondiente para que asuma el conocimiento de la etapa de juzgamiento respecto a los cargos formulados.

*Con información de la Procuraduría General de la Nación.