LA PATRIA | MANIZALES

Un respaldo a la Gobernación dieron algunos gremios y dirigentes de Caldas frente a la decisión de revocarle el contrato de la vía Supía (Caldas) - Caramanta (Antioquia) a la firma Consorcio Vial Asfalto.

Lo anterior se debió a varias irregularidades que se ratificaron en esa propuesta, adjudicada el 19 de abril. Entre ellas que su proposición fue avalada y presentada por Juan Pablo Córdoba Tinoco, de quien se constató que tenía sanción disciplinaria de suspensión de su matrícula profesional como ingeniero civil.

De acuerdo con Ricardo Spaggiari Vásquez, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, fue la mejor decisión, ya que se comprobó la suspensión desde el 22 de septiembre del 2022 hasta el 22 de septiembre del 2024 y, por ende, no tenía un aval para presentar un proyecto de ingeniería civil, como está claro en este tipo de obras.

Mayor responsabilidad

El líder gremial hizo un llamado a los profesionales y sus colegas de ingeniería para ser respetuosos con la normatividad vigente y acatar las normas y la Ley, como exige esta profesión. "Si yo sé que tengo mi matrícula suspendida, no puedo hacer ningún trabajo o realizar ningún documento que lo comprometa como ingeniero civil", insistió.

También se refirió a algunos contratos que hoy están caminando, pero que igual revisten serios problemas en Caldas, como el caso del mejoramiento y la pavimentación de la vía La Pintada (Antioquia) - Arma (Aguadas) - Puente de Bocas.

Sobre este frente, de solo 3 kilómetros, la Secretaría de Infraestructura departamental confirmó que se estudia su posible caducidad, ya que la obra estaba proyectada para culminar en 5 meses, en marzo, pero aunque se le dio un plazo adicional de 61 días para que se concluyera este mes, el avance no supera el 22,3%, pese al corto tramo que se debía mejorar.

Las interventorías

Igualmente se refirió a la tarea que tienen que hacer las interventorías, como veedoras de los trabajos para que se cumplan los plazos y se ejecute el cronograma, pues de lo contrario implica retrasos y sobrecostos.

Sin embargo, también indicó que los ingenieros de la Gobernación deben estar más atentos para no dejar pasar el tiempo frente algunas vías que siguen pendientes como, por ejemplo, el proyecto Riosucio (Caldas) - Jardín (Antioquia).

En este caso, se trata de un mejoramiento de solo 6,5 kilómetros, adjudicado al consorcio Elein Samaná, otorgado desde el 14 de septiembre del 2022, hace 20 meses, junto con otra de las vías que se conocen como del Hermanamiento: el tramo Berlín-Florencia (Samaná). El problema es que hasta ahora no se ha construido un solo kilómetro de vía.

Más que la buena fe

La gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Pamela Jaramillo Lombana, hizo referencia a la presunción de la fe, lo que efectivamente está dentro de la ley. Sin embargo, aseguró que no es la mejor práctica para proteger los recursos públicos. Sostuvo que se trata de agudizar más esa tarea dentro de un ejercicio de control y pasar del umbral de la buena fe a una revisión más activa de los documentos, tal y como se hace en las empresas privadas, con el ejercicio de diligencia debida o due diligence (por la expresión en inglés), proceso minucioso de investigación antes de tomar cualquier decisión.

"Por eso instamos a las entidades públicas que tienen dentro de sus deberes manejar grandes proyectos a que verifiquen las referencias y los documentos que envían los contratistas. Si lo hacen desde el principio, se van a evitar un montón de problemas posteriores, además de que muchas fuentes de estas son verificables con relativa facilidad".

Aunque reconoció que puede ser un proceso complejo, sí insistió en que el deber es hacer las cosas tan bien como sea posible. "No discuto que sea desgastante, pero cuando se tienen contratistas con mejores opciones y propuestas sí creo que es necesario hacer una revisión más profunda para evitar perjuicios y posiblemente procesos judiciales y demoras", reiteró.

En derecho

Javier Andrés Torres More, representante de Corredores Viales, entidad que pidió la revocatoria directa, aseguró que la decisión fue positiva como quiera que se obró en derecho, con base en la Ley. Su petición en la demanda se centró en que se tenga en cuenta al segundo contratista en orden de elegibilidad. Es decir a ellos mismos, que pidieron la revocatoria. Aun así, dijo que por ahora seguirán atentos a lo que suceda con este contrato.

Corredores Viales, nuevo contratista

Anoche se conoció que la Gobernación de Caldas tomó la decisión de adjudicar el contrato de la vía Supía-Caramanta al Consorcio Corredores Viales, al ser el segundo en orden de elegibilidad.

Se entregó por un total de $28 mil 400 millones 439 mil 203. Es decir, por un valor de $557 millones 578 mil 359 más que el anterior, que ascendía a los $27 mil 842 millones 860 mil 834, con el Consorcio Vial Asfalto.