LA PATRIA | MANIZALES

Comprometidos

Álex Muñoz, presidente del Consejo Departamental de Juventud (CDJ) de Caldas. 27 años. Miembro del Consejo Municipal de Juventud (CMJ) de Pensilvania. Emprendedor. Tiene un negocio de comidas en Manizales.

"El año pasado estuvo muy quieto el proceso, había mucho desconocimiento de la norma, pero después de hacer presiones, de enviar documentos, de tratar de hacernos visibles, ya a nivel departamental y municipal las administraciones han estado cediendo con el apoyo. Las expectativas para este año son grandes, contamos con la secretaria de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Juanita Espeleta, que ha estado muy dispuesta a trabajar y a reactivar el tema juvenil, y el presidente de la Asamblea, Andrés Chaparro, que ha estado dispuesto a meterle la ficha al tema juvenil. Hay CMJ que no están operando, hay muchachos muy desmotivados por la falta de apoyo desde las administraciones. Ha sido muy complicado. El CDJ se eligió apenas el 17 de marzo, hay un equipo interesante, los jóvenes están muy comprometidos y la idea es reactivar todas las instancias. Este año habrá una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y eso es lo que nos tiene concentrados, porque queremos que las administraciones tengan claro qué deben hacer con los jóvenes".

Apoyo a medias

Felipe García, miembroe del CMJ de Manizales. 18 años. Estudiante de Derecho en la Universidad de Caldas.

"La experiencia ha sido muy fructífera porque aprendemos de política. Pero para hacer un subsistema de participación juvenil nos sentimos abandonados desde los gobiernos nacional, departamental y municipal. Ha sido difícil realizar nuestra gestión como consejeros, esto ha impedido que les podamos responder a los jóvenes. Siento que se ha tenido apoyo a medias de la Administración y un abandono total del alcalde. Se ha intentado hacer lo que hemos podido. Tenemos un presupuesto asignado para funcionamiento de todo el año por $20 millones, que en realidad se vuelven $14 millones por el pago de estampillas y otras obligaciones. Los destinamos a impacto social el año pasado; entre otras actividades apoyamos a un grupo de barristas femeninas del Once Caldas y a la JAC del barrio El Caribe con insumos para hacer unos carteles en Monteleón, que tiene un sitio donde han ocurrido suicidios. Pero es un presupuesto como para lavarse las manos. No tenemos mucho apoyo extra. La relación con el Concejo Municipal el año pasado fue muy buena, nos permitieron hacer las dos sesiones de ley. Con el gabinete del alcalde, Carlos Mario Marín, se tuvo una sesión en la que él no estuvo, y la otra se incumplió".

En este CMJ la deficiencia más grande es la asistencia a las reuniones, pues de 19 acuden entre 8 y 9.

Por los jóvenes del campo

Álex Arboleda, presidente del CMJ de Chinchiná. 21 años. Programador de software. Estudia Administración Pública en la ESAP. Trabaja en el Concejo de Chinchiná.

"No ha sido fácil. La Administración ha estado un poco tardía con algunos recursos para nosotros; sin embargo hemos estado luchando con las garras para salir adelante con los proyectos. El objetivo es escuchar y saber qué quieren los jóvenes, qué necesitan o qué les hace falta. La falencia es que en la parte rural los jóvenes no son tan privilegiados, hasta allí no llegan las tecnologías o la educación superior. Hemos estado hablando con universidades y buscando con la Alcaldía qué podemos hacer para articular a los jóvenes en educación superior y otras actividades".

En este CMJ han tenido dos vacancias, el año pasado por superar ausencias de más de cuatro meses.

Qué hace un consejero de Juventud

Ejerce veeduría y control social a los planes de desarrollo, a las políticas públicas, a la ejecución de agendas territoriales y a programas y proyectos para los jóvenes. Participa en comités de concertación y decisión.

Por ley, los CMJ deben tener al año dos sesiones plenarias con el concejo o la Asamblea, y dos sesiones con el consejo de gobierno ampliado de alcaldías o Gobernación.

Aunque pueden tener voz y voto en agendas juveniles, otras de sus propuestas no tienen carácter vinculante y quedan a disposición de la administración para ser incluidas.

En Caldas

La secretaria de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Juanita Espeleta, afirma que si bien se han garantizado las instancias de participación de los jóvenes, todavía hay municipios que no han adoptado ni implementado la política pública de Juventud Departamental, cuando es un instrumento de planificación que les permitiría a los jóvenes asegurar sus derechos de participación, formular proyectos e ideas de negocio y acompañar la oferta académica e institucional.

Dice que en Caldas cinco municipios tienen inactivos sus Consejos Municipales de Juventud (CMJ): Norcasia, Marulanda, Anserma, Risaralda y La Dorada, a los que les dan asistencia técnica para reactivarlos. "Esto ocurre tal vez por desconocimiento de cómo funcionan y cuál es la importancia".

Expresa que en la gran mayoría de municipios de Caldas se ha garantizado el préstamo de los concejos para que los jóvenes sesionen, y algunas alcaldías los han convocado a consejos de gobierno ampliados. La Gobernación eligió la semana pasada a los integrantes del Consejo Departamental de Juventud (CDJ), que es la instancia superior de los CMJ.

"Los consejos que están operando han funcionado porque son municipios con voluntad administrativa y política, además por el activismo y el protagonismo de los jóvenes para ser garantes de sus derechos. Las alcaldías y los concejos municipales también tienen una responsabilidad en el subsistema de participación juvenil para garantizar un presupuesto con enfoque diferencial que atienda a los jóvenes, permitir el funcionamiento de los CMJ y de las plataformas y que sus propuestas puedan ser llevadas a buen término y no se queden en un ejercicio diagnóstico de cartografía social".

En Manizales

La jefe de la Oficina de Infancia y Adolescencia de Manizales, Ángela María Salazar, afirma que el municipio tiene 19 consejeros municipales de Juventud electos el 5 de diciembre del 2021, 17 por listas independientes, prácticas organizativas y partidos políticos, y 3 en representación de víctimas, campesinos y población NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera). Cada año les han asignado un presupuesto para que decidan en qué lo van a invertir (funcionamiento o apoyo a iniciativas).

"Estamos esperando a firmar el convenio para ejecutar los recursos de este año. Ninguna solicitud posible se les ha negado. Que no se les haya acompañado en lo que han querido es diferente. Si bien tenemos voluntad para facilitarles lo que están solicitando, hay cosas que por ley no se pueden hacer en lo público, como entregarles dinero en efectivo. Son un colectivo y los apoyamos; les hemos dado los distintivos para reconocerse: carné, gorra, camiseta, pendones y bandera".