La Alcaldía de Manizales y los 14 comerciantes de remolques del mirador de Chipre llegaron a un acuerdo ayer, a 6 días de completarse el plazo límite que brindó el Tribunal Administrativo de Caldas para recuperar el espacio público que están invadiendo dichos foodtrucks.

El consenso se trata de un oficio que radicaron en el Juzgado e incluye los avances de la sentencia y un compromiso entre los comerciantes y la Administración para adelantar el estudio de aprovechamiento económico del espacio público. El documento también cuenta con la firma de la Personería, del presidente del Concejo, Hernando Marín, y del demandante, Enrique Arbeláez Mutis.

Sandro Arias Amonios, propietario del foodtruck Milhojas Anita, expresó: "El desalojo quedó suspendido a raíz del acuerdo en el documento. Esto lo tomamos bien teniendo en cuenta que hoy (ayer) era el límite para desalojar voluntariamente el lugar".

Aprovechamiento del espacio

El secretario de Planeación, Daniel Quiceno, explicó que solicitaron una modulación de la sentencia, es decir una extensión temporal para darle cumplimiento. La idea es implementar el estudio de aprovechamiento económico del espacio público, que según el funcionario sería la solución de fondo a la invasión en esa y otras zonas de la ciudad.

Ese instrumento regularía el valor y la pertinencia de los terrenos, así como el procedimiento por el que se otorgarían espacios, por ejemplo, para ventas informales. "Será un tema complejo, dado que se va a tratar de solucionar situaciones irregulares y eso va a significar un cobro para las personas que están utilizando esos espacios, pero es un deber legal", sostuvo Quiceno.

La última palabra

Lo cierto es que la última palabra la tiene el juez. Si este decide atender a la solicitud, entonces se estima que los comerciantes tendrían hasta abril del 2023 para permanecer en el lugar. Quiceno indicó que estos remolques serían objeto de la prueba piloto del estudio de aprovechamiento económico.

"Desalojar de manera abrupta, ya que la sentencia no habla de reubicación, atenta contra lo social y creemos que es importante aceptar que estos comerciantes recuperaron el mirador de Chipre y por eso se volvió un lugar de encuentro turístico", sostuvo Quiceno.

Sin embargo, el funcionario aceptó que si el juez rechaza la solicitud, entonces tendrían que concertar con los comerciantes una reubicación en el Monumento de Los Colonizadores o en otros sitios de la ciudad. Fue claro en que si no se da un consenso, entonces: "Será inminente un desalojo porque respetamos las decisiones judiciales".

Opina el demandante

Enrique Arbeláez Mutis, quien adelantó la acción popular, dijo que está de acuerdo con el oficio que se radicó en el Juzgado y por eso lo firmó. "No se trata de sacarlos de forma abrupta y sin ningún respeto. Si ellos hacen un proyecto para reubicarse y cumplir la sentencia, pues bienvenido sea".

La orden

En mayo, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó a la Alcaldía de Manizales:

* Garantizar que las zonas de parqueo o bahía contiguas al Monumento de Los Colonizadores pueda ser utilizada por cualquier ciudadano o vehículo.

* Mantener las zonas dispuestas para el tránsito vehicular libres de mobiliario, de vehículos y de tráilers, entre otros, que se estacionen de forma permanente para el aprovechamiento económico del espacio público en el sector.

* Garantizar la movilidad de transeúntes por los senderos peatonales y realizar un estudio técnico para identificar la conveniencia de instalar baños públicos sobre la Avenida 12 de Octubre.

* Le dio un plazo de 6 meses para cumplir los controles y 8 para realizar el estudio técnico.

¿Y los otros establecimientos en las laderas?

En el mirador de Chipre, además de los camiones de comidas, también han llegado otros negocios, terraplenes o chozas de madera que se han instalado en la ladera. Hernando Peláez, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Manizales, reconoció que todavía no hay una decisión en concreto sobre la estadía de esos establecimientos. Sí aseguró que la ladera no es apta para construir en esa zona, dada su inestabilidad.

Aseguró que La Inspección Cuarta Urbana de Policía es la encargada de adelantar el proceso para determinar si se está recurriendo en un comportamiento contrario a la integridad urbanística.