En noviembre del año 2018 se llevó a cabo una redada en varias ciudades del país que permitió la captura de 21 miembros de tres organizaciones criminales denominadas Oficina de cobro San Andresito de la 38, clan Triana Esmeralderos y cuerpo colegiado de la Oficina.

La Sanandresito de la 38 se dedicaba a la extorsión, amenazas, secuestro, despojo de bienes y desplazamiento forzado, entre quienes está un chinchinense conocido como David, que se enfrenta a delitos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, desplazamiento forzado, porte de armas de fuego y homicidio.

Luego de su captura, dos hombres se acercaron a la Fiscalía para denunciar que estas personas obligaron a familias enteras a abandonar sus tierras en una finca de Cimitarra (Santander) y de Puerto Boyacá (Boyacá) entre septiembre y octubre de 2017.

Por estos hechos avanzan las investigaciones, pero se imputaron cargos ante el Juzgado Penal Especializado de Manizales a alias Valero y Diego Grajales, recluidos en la cárcel de Cómbita y a Edwin, prófugo de la justicia, por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado.

Así los sacaron

Entre septiembre y octubre de 2017, una familia empezó a recibir amenazas de la oficina de Cobros. Primero los obligaron a salir de Cimitarrra y un mes después, de Puerto Boyacá. Llegaron en camionetas los sujetos armados, quienes les exigieron abandonarlos los predios inmediatamente porque el propietario tenía una deuda con ellos y era orden del "patrón".

Tras conocer la situación de sus empleados, los propietarios denunciaron lo que sucedía y tras un operativo del Gaula de la Policía, capturaron en flagrancia a ocho sujetos en el municipio boyacense, incluido al chinchinense, otro de Pereira y dos más del norte del Valle, quienes tenían retenidas a las personas contra su voluntad. Les incautaron celulares y dos carros, pero quedaron en libertad.

Debido a esto, la familia que administraba las fincas tuvo que irse a vivir a otra ciudad por temor a represalias y por desconfianza con las instituciones que dejaron libres a los sujetos. Empacaron sus pertenencias y huyeron.

En noviembre de 2018 se llevó a cabo el operativo contra las tres temibles bandas de sicarios y así fue como dieron con Valero en el barrio Hayuelos de Bogotá. Le incautaron una camioneta, la misma que conducía el día que retuvo a la familia de campesinos y que pertenece a su esposa.

Del celular incautado a David se logró determinar que salieron llamadas al número de Valero, quien sería el supuesto patrón, a quien contactaban para cumplir órdenes. Y de ese mismo equipo se realizaron contactos con un propietario de la finca.

Se estableció además que Diego Grajales y Edwin y el caldense hicieron presencia en la primera propiedad donde se generó el desplazamiento, en Cimitarra. Tras interceptaciones hechas entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, se notó que esta propiedad pasó a manos del que llamaban su patrón.

Otros dos miembros conocidos como Januario y Baudilio son señalados de ofrecer la finca, que albergaba a 560 cabezas de ganado. En conversaciones telefónicas delataron su modus operandi y que ya tenían un nuevo administrador.

Para salirse de la propiedad, las víctimas primero tuvieron que venderla a alias Juvenal, quien luego la traspasó a Aleyda, supuestos testaferros de Valero, quien tomó posesión en septiembre. Las investigaciones arrojaron que estas dos personas no contaban con la capacidad económica de adquirir el inmueble avaluado en $310 millones. Caso similar ocurrió con la segunda finca en Puerto Boyacá.

Luego de obtener las pruebas suficientes, la Dijín realizó la solicitud ante un juez con función de garantías, la expedición de las órdenes de captura en diciembre de 2020 y tras los allanamientos cayeron en Bogotá y Cali, Valero, Diego Grajales y Edwin, a quienes les imputaron cargos por desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado.

Su actividad

Según las investigaciones de la Fiscalía, a esta organización, instalada en Bogotá, la relacionan con casos de sicariato, intentos de asesinato, extorsiones, amenazas, secuestros, despojo de bienes y desplazamiento forzado.

Los señalamientos

Valero: encargado de planear, ordenar, evaluar y coordinar el proceder delictivo para lograr el desplazamiento forzado de la familia de las fincas ubicadas en Puerto Boyacá y Cimitarra.

Diego Grajales: conductor de uno de los vehículos que transportaban a los delincuentes y encargado de controlar la actividad.

Edwin: Se encontraba cerca de la casa. Al notar la presencia de las autoridades, intentó huir.

Las temibles bandas

La Fiscalía indicó que la organización de los Triana, para la que trabajaba la oficina de cobro, tenía su accionar criminal en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Pitalito. Tenían el control de las oficinas de cobro, y sus objetivos principales eran personas que habrían obtenido propiedades por medio de actividades ilícitas.

Mediante engaños falsificaban documentos para apropiarse de los inmuebles o también ejercían amenazas e incluso asesinatos para lograr el desplazamiento forzado de sus víctimas.

La organización habría ordenado el asesinato de 13 comerciantes dedicados a la venta de esmeraldas y con esto pretendía quedarse con sus negocios y sus bienes.