Álvaro Salazar no vive en la Comuna San José, objeto del Macroproyecto de Renovación Urbana en Manizales, pero sí residió allí y por eso se vinculó en el 2019 al Cabildo Abierto Comunal para ayudar a los habitantes ya afectados durante 10 años por este proyecto que llaman macrodesastre.

Del Cabildo quedaron dos tareas: sacar un informe sobre la verdad de la Comuna, que se publicó en agosto pasado, y adelantar procesos judiciales. "Pedimos, mediante una acción de cumplimiento, la participación ciudadana en el Macroproyecto, que en fallo del Juez Segundo Administrativo le ordenó a la Alcaldía y a la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) abrir espacios de diálogo con la comunidad, lo que no implica gasto, pero los dos impugnaron. Necesitamos que el Municipio salga del clóset, que asuma su responsabilidad con el Macroproyecto", solicita Salazar.

Preparan demanda

Expone que al 2009 la población de la Comuna San José era de 28 mil 500 habitantes en 17 barrios, hoy son unos 18 mil 500, porque cerca de 10 mil fueron desplazados por el Macroproyecto.

"Hay varios hechos clave en estos años. El tribunal de opinión con expertos, que concluyeron que como víctimas estas comunidades sufrieron un desplazamiento forzado intraurbano; una propuesta para reformular el Macroproyecto, producto de una alianza universitaria y ciudadana, que no fue escuchada; la sentencia del Juzgado ordenando la participación ciudadana, que apeló el Municipio, y la publicación del libro Víctimas del Desarrollo: entre el desespero y la esperanza, de la Comisión de la Verdad".

Con estos insumos, anuncia Salazar, están elaborando una demanda internacional para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dirigida a reparar a las víctimas y a la ciudad.

El arquitecto y docente Luis Fernando Acevedo, que apoya las investigaciones en la Comuna, expone que este proyecto cumplió 13 años de ejecución, pero no saben cuánto se ha ejecutado y comprometido. "Las ejecutorias que hasta ahora benefician a la comunidad se reducen a 344 unidades residenciales, la Avenida Colón, la construcción del Cisco y el Macrocolegio, nada más".

Sostiene que en la mayoría de casos la compra de predios se ha dado más por el uso del poder del Estado para forzar la venta, lo que ha generado que muchas familias se hayan ido sin vivienda.

"Las comunidades han demostrado las violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales y es lo que motiva la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad en donde se reúnen testimonios de académicos, comunidad e instituciones que muestran que un macroproyecto de esta naturaleza tendría que reformularse para hacer un poco de justicia social e incluso ambiental en ese territorio".

Volteo normativo

Para este docente ya son unas 10 resoluciones que el Macroproyecto que expedido, lo que demuestra improvisación. "Lo he llamado un volteo normativo para tratar que del sector de la Zona Mixta, que es el que se ha querido vender para el sector privado, queden excluidas responsabilidades".

Explica que inicialmente el Macroproyecto se concebía una operación urbana integral, en la que debería haber cobro de plusvalía urbana, reparto equitativo de cargas y beneficios. "Habría que volver a recuperar ese espíritu, de tal manera que esa zona que económicamente es la más rentable del Macroproyecto, contribuya a financiar la vivienda social, que en últimas era el objetivo principal".

A esta preocupación, Acevedo suma el tema del riesgo, que entre otras ha sido justificación para expulsar población. "Se había previsto construir 3 mil 600 viviendas de Interés Social y de Interés Prioritario y ahora van como en 5 mil 500, pero en las laderas que se supone son de riesgo. Se prevé es una reocupación de la vivienda con edificaciones de 10 y más pisos en zonas de ladera, que se supone se iban a proteger".

Hitos

Germán Vallejo, del colectivo Subámonos al Bus del POT y participó en la redacción del Informe, califica el Macroproyecto como un "culturicidio que desgarró el tejido social de la Comuna San José. El proyecto es un fracaso, fue impuesto y sin participación comunitaria".

Para Vallejo, no hay que reformular, sino remodelar porque lo que fracasó fue un modelo y debe ir uno nuevo que contemple: alianzas público populares con participación del sector privado, recuperación de la institucionalidad, mejoramiento de barrios, ecourbanismo, nuevas propuestas de vivienda, protección a moradores, control al sector inmobiliario, banco de tierras público y captura de plusvalía para favorecer sectores populares; todo arropado por la democratización del suelo urbano.

Agrega que hay que terminar el Macrodesastre, "ojalá no más la ERUM y a cambio definir un comité intersectorial que asuma su función".

El pasado 3 de septiembre, en la visita a Manizales del presidente, Gustavo Petro, le entregaron el libro de la Comisión de la Verdad de la Comuna San José, y también a su ministra de Vivienda, Catalina Velasco.

Ómar Rodríguez, habitante de la Comuna, dice: "Uno espera de cada gobierno que se visione hacia la comunidad, pero esto puede durar uno o varios años. Podemos ser optimistas o pesimistas, pero hay que ser es aterrizados".

Habla el nuevo gerente de la ERUM

Carlos Andrés Montes, gerente de la ERUM desde hace 20 días, dice que el Macroproyecto como todo proyecto grande, genera impactos. "Plasmaron en un libro de la Comisión de la Verdad lo que cinco o seis personas piensan, pero estuve hablando con la comunidad y podría decir sin temor a equivocarme que un mayor porcentaje de la población ha estado tranquila con el Macroproyecto".

Agrega: "Las personas del libro, que denominan el proyecto como un macrodesastre, ni siquiera son de la Comuna, podría decirse que son defensores de varios sectores, que apoyan cuando los servicios públicos se incrementan, cuando hay asentamientos ilegales. En el libro no plasman la gente que ha estado de acuerdo con el proyecto y está contenta".

No obstante, Montes reconoce que desde la concepción del Macroproyecto (2009) existieron problemas al comprar predios sin la debida planeación para ejecutar las unidades de construcción de vivienda y las de equipamento urbano, y que por eso la gestión predial empezó a tener retrasos.

Explica que ya tienen lista la unidad de ejecución A y la B, que no son para Vivienda de Interés Social (VIS), la G que es para VIS y están un 75% de consolidación de la F, para construir allí un parque recreodeportivo en unos 16 mil metros cuadrados y que tiene un costo aproximado de $35 mil millones.

También está construida la unidad 4, parte baja de La Avanzada, donde van a levantar otras torres para 88 apartamentos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que es gratis. Anuncia que con $6 mil millones que aportará el Municipio podrán construir 56 apartamentos y que esperan gestionar con el Minvivienda $3 mil millones para hacer otros 32 y completar los 88. También está consolidada la unidad 5, en donde apenas van a hacer estudios y diseños para su posterior licenciamiento de construcción de VIP con otros 180 apartamentos.

"En la ERUM hay una dirección de gestión predial y otra de gestión social. Podría decirse que se ha trabajado más fuerte en predial porque se nota más cuando se compra la vivienda, cuando la gente desocupa la casa y cuando se demuele; pero aparte hay un trabajo con las comunidades. La consolidación de la gestión predial ya está en etapa final, que pensamos dejar planteada para la próxima administración. La visual que tengo es apuntarle 100% en el 2023, con el desarrollo de estas unidades, a una gestión integral social muy fuerte".

De la continuidad de habitantes asentados en laderas, responde: "Hay casos de familias que han recibido vivienda, y lo que hacen es venderla con un documento privado a un bajo precio y vuelven y habitan las laderas. Como esa familia ya ha recibido una vivienda no se le puede dar otra. Pero todas las personas que habitan hoy y los que van a ser propietarios de los 56 apartamentos que vamos a empezar a construir en la unidad 4 son personas sacadas de zonas de alto riesgo".

El Cisco es de los frentes que no culminan aún. Le falta el cerramiento perimetral.