LA PATRIA | Manizales

Darle clic a un enlace le costó $84 millones a una manizaleña. Sí, así como lo lee. Estafadores se consiguieron su número telefónico, le enviaron un mensaje de texto y robaron sus datos.

La comunicación, supuestamente, provenía de Claro, y le reportaban "la suspensión del servicio por robo o pérdida de su número".

Ese aspecto le pareció inverosímil a la señora, pues no había perdido su equipo y tampoco existía una denuncia sobre el particular.

Los días 23 y 24 de octubre del 2020, la mujer intentó retirar dinero en Davivienda, pues recién le habían consignada su nómina, pero no pudo hacerlo, pues le salía el mensaje "fondos insuficientes", en el cajero electrónico.

El 25 se acercó a la sucursal correspondiente a reclamar, pero se enteró de que registraba movimientos en varios de sus productos bancarios entre el 22 y 25 de octubre de ese año, con retiros por $84 millones 282 mil 52.

Bloqueo

En labores investigativas posteriores se pudo determinar que a través de las modalidades Sim Swap o Sim Swaaping fue bloqueado su abonado telefónico, accediendo así a su banco, a través del móvil, y realizando una serie de transacciones a favor de Lina María Restrepo Hernández ($25 millones 500 mil), María Lina Cortés Castañeda, ($29 millones 980 mil) y Natalia Rivera Trujillo ($28 millones 500 mil). Todas son de Neiva.

Estas tres mujeres terminaron judicializadas como coautoras de hurto por medios informáticos y semejantes. Les dieron detención domiciliaria. El banco le respondió por la totalidad del dinero a la afectada y a la vez la entidad fue reconocida como víctima de este caso.

Proceso

El 16 de agosto del 2023, las acusadas manifestaron su voluntad de aceptar los hechos, la Fiscalía señaló que las implicadas carecían de antecedentes penales, pero no reintegraron el dinero hurtado.

La defensora de las tres refirió que sí hubo una consignación, de $2 millones, a efectos de indemnizar al banco, y aunque era consciente de que el aporte fue ínfimo si se comparaba con el valor total de lo sustraído, dilucidó que Davivienda ya recuperó el dinero, pues hizo efectivo unos seguros.

"La aceptación temprana de mis defendidas, más el pago, aunque inferior al valor aprehendido, denota no solo el arrepentimiento de ellas, sino el interés de evitar un desgaste de la administración de justicia. Como quiera que la condena mínima prevista en la ley es de 144 meses, pido que se rebaje la sanción por la aceptación e indemnización, tasando una pena de 18 meses", expresó.

Adicional, solicitó la prisión domiciliaria como madres cabeza de familia y mantenerles el permiso para trabajar. El juzgado les dio 54 meses de prisión, en casa.

Que paguen

El abogado del banco apeló de la sentencia por dosificación de la pena y la concesión de la prisión domiciliaria. Además, exigió el reintegro de lo indebidamente apoderado. Devolvieron menos del 1% de lo robado y no debían beneficiarse del descuento del 50% en la pena. "La sanción tiene que ser de 108 meses, sin beneficios", añadió.

"Existe una lesión al debido proceso, la falencia advertida implicó una tolerancia a que las acusadas se usufructuaran económicamente, además de la obtención de beneficios punitivos, aspecto que debe indefectiblemente remediarse", indicó el Tribunal Superior de Manizales, al darle la razón al apelante.

Devolvió el proceso al juzgado para que el orientador se encargue de verificar el reintegro de al menos el 50% de lo apropiado. Con la decisión, la concesión de domiciliaria perdió efecto.

Otra implicada

Viviana Criollo Castañeda es otra mujer, natural de Neiva, implicada en este caso. La condenaron como cómplice, a 13 meses y 15 días, en un proceso aparte. A ella le consignaron $1 millón 900 mil.

Davivienda apeló y consideró que la pena debía ser de 9 años. Además, que no puede beneficiarse de domiciliaria, pese a tener 4 hijos menores de edad, quienes dependen, al parecer, exclusivamente de ella.

"El concepto de reparación integral no es igual al de reintegro de lo apropiado", aseguró el banco. La mujer devolvió lo que se robó, pero la indemnización estimada por la entidad, para el 2023, alcanzaba los $107 millones, sin incluir los demás gastos procesales.

Pidió una pena de 54 meses, sin subrogado, debido a que tiene antecedentes (hizo parte de la banda de microtráfico Los Rumberos, en Neiva).

El Tribunal nuevamente le dio la razón a Davivienda, decretó la ineficacia de la sentencia emitida y ordenó devolver la actuación, incluso hasta la audiencia de individualización de pena. Así las cosas, la libertad por pena cumplida que se había definido se echa para atrás y retorna a domiciliaria, que es la medida que tenía antes.

Davivienda, entidad finalmente afectada.

Infografía | Juan Carlos Hómez | LA PATRIA