LA PATRIA| MANIZALES

Yo acepto, yo señalo. Esa parece ser la consigna de los últimos días en el proceso por el entramado de corrupción de Las Marionetas, liderado por exsenador caldense Mario Castaño Pérez, ya condenado a 15 años y 11 meses de prisión por diferentes delitos.

Hace unos días, Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, admitió su responsabilidad por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Avanza en la figura del principio de oportunidad (colaboración), lo que quiere decir que se le suspende el proceso por seis meses mientras prende el ventilador, da a conocer quiénes más estuvieron en este entramado y de qué manera. Y ya lo hizo. Tras su declaración, la Corte Suprema de Justicia (CJS) vinculó mediante indagatoria al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez Cortés, quien, al parecer, recibió coimas por $1.000 millones, para obtener, presuntamente, contratos civiles para obras. Este político habría logrado 13 por $19.936 millones.

Pablo César Herrera.

Senadores

En respuesta a derecho de petición, la oficina del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Sala de Instrucción de la CSJ, le indicó a LA PATRIA que el congresista Ciro es investigado por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias; y como posible determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

"En el numeral 1 de esa decisión se compulsaron copias para investigar el comportamiento de Mario Castaño Pérez (queda con seis investigaciones en la Corte) y los senadores Carlos Abraham Jiménez López (Cambio Radical), Juan Felipe Lemos Uribe (Partido Social de Unidad Nacional), Carlos Fernando Motoa Solarte (Cambio Radical) y Miguel Ángel Barreto Castillos (Conservador) en la consolidación, gestión y ejecución del contrato de administración integral 670 del 2021. Ya se creó un radicado y se esperan determinaciones", respondió.

Ese contrato hace referencia al suscrito entre el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y Proyecta Quindío, en agosto y noviembre del 2021, por $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente, para la construcción de carreteras y la adecuación de vías terciarias en cerca de 20 municipios de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas.

Dos ingenieros

Precisamente, como parte de esa cadena de señalamientos, la fiscal 94 Anticorrupción, Ángela Córdoba, les imputó ayer cargos en Manizales a los ingenieros civiles Camilo Andrés López Giraldo, de 39 años, natural de esta capital; y Fausto Alonso Bedoya Grajales, de 44, natural de Copacabana (Antioquia).

Al caldense lo señalan de concierto para delinquir agravado y de interés indebido de contratos en seis eventos. Al otro, de interés indebido, en dos casos.

Según el ente acusador, Camilo Andrés se concertó con Santiago Castaño (otro vinculado, con principio de oportunidad) para direccionar contrataciones en La Merced, Aguadas, Pueblo Rico y Balboa, con el fin de obtener ventaja en las licitaciones a través de su empresa. Incluso, desde antes conocía las condiciones para poder ganar.

"Usted sabía que Santiago hacía parte de Las Marionetas y cómo se hacía la viabilización. Se interesó en 28 procesos o contratos y le entregó sumas de dinero a él. Decidían qué empresa usarían para ganarlos", narró la fiscal.

Los seis proyectos eran:

• 1. Del 17 de diciembre del 2021 para mejorar vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda), por $611 millones 318 mil.
• 2. Del 26 de enero del 2022, para la interventoría del anterior, por $44 millones.
• 3. Del 17 de diciembre del 2021, para placas huellas en San Isidro y El Tambor, en La Merced, por $1.129 millones.
• 4. Estudios y diseños del parque recreativo de La Felisa (La Merced), por $24 millones 968 mil.
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• 5. Construcción de cancha sintética fútbol cinco, en Balboa, por $913 millones.
• 6. Adecuación del Polideportivo del barrio Renán Barco, de Aguadas, por $355 millones.

La Fiscalía argumentó que Camilo Andrés, en el caso de Aguadas, se comunicó con el ahora exalcalde, Diego Fernando González; y Olga Lucía Botero, exgerente de la Empresa Regional de Aseo del Norte de Caldas (los dos esperan preacuerdo), para coordinar la adjudicación irregular de ese contrato. "Recibió información privilegiada. Se creó en el Secop el 7 de julio del 2021 y él ya conocía la información desde antes, como los estudios previos. El 14 de septiembre se le adjudicó".

Además, añadió que, en varias ocasiones, se reunió con Santiago Castaño para cuadrar el cobro de coimas por las adjudicaciones. Una vez se hacía negocio, se le informaba a Juan Carlos Martínez (huye de la justicia) para que este le anunciara a Proyecta Quindío quién debía ganar. "Aseguraban la pacha completa: el contrato y la interventoría, como en Pueblo Rico. Ahí dieron coimas del 10% y 25%. En el del 10% se pagaba 5% en la firma y 5% en actas parciales que se fueran dando. En el del 25%, Camilo Andrés le giró $30 millones a Santiago. En La Merced, con apoyo de Diana Agudelo, de Planeación, se obtuvo información privilegiada".

En el de Balboa se hizo una reunión con el jurídico de esa población para conocer especificaciones que le permitieran ganar la convocatoria al consorcio creado entre Camilo Andrés y Santiago.

En el caso del otro ingeniero, Fausto Alonso, indicó el ente fiscal que se interesó en los dos procesos de Pueblo Rico ayudando a Camilo Andrés en la entrega de documentos para lograr las adjudicaciones irregulares, siguiendo las indicaciones de Santiago.

No aceptaron los señalamientos y se les informó que no pueden enajenar bienes durante seis meses. Santiago Castaño Morales y Pablo César Herrera, de Proyecta Quindío, en sus principios de oportunidad, declararían en contra de los dos ingenieros. Los exalcaldes de Aguadas, de La Merced y Balboa testificarían en juicio. Entre las pruebas hay llamadas interceptadas.

Este proceso no quiere decir que los ingenieros sean culpables. Será un juez de la República quien decida si son o no responsables de los delitos que les atribuyen.

25 preacuerdos

De 41 personas vinculadas desde marzo del 2022 y hasta la fecha en el entramado de Las Marionetas, 25 ya tienen preacuerdos firmados con la Fiscalía, a la espera de ser avalados por los jueces. El único con condena es el exsenador caldense Mario Castaño Pérez, con 15 años y 11 meses de prisión. Rubén Darío Iregui González, exsecretario de Gobierno de La Dorada y exjefe de la División de Recursos Humanos del Senado de la República, el más reciente imputado.

Le negaron domiciliaria a Wílmar

Una juez de Bogotá le negó ayer a Wílmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, la prisión domiciliaria en el barrio Colseguros de Manizales. Está en La Blanca. Tiene un preacuerdo firmado de 53 meses, sin avalar. La juzgadora calificó de pobre la sustentación del cambio de medida. Se la negaron por segunda vez.