LA PATRIA | Manizales

“Yo estuve haciendo una cuenta aproximada de 85 a 90 N.N. sepultados por mí, la mayoría. Como estuve dos años por fuera el otro man los sacó y los mandó a la fosa común. En este momento solo hay uno en tierra, de los que yo dejé la mayoría por muerte en combate, unos los traía el Ejército y otros, los bomberos. Los años no recuerdo, como del 98 al 2007".

"De los que yo sé hay algunos en bóvedas, en tierra uno y en fosa común los restantes. Algunos aparecen con nombre porque la familia venía a los 2 o 3 días después y le ponía nombre, pero esto estaba muy caliente y por temor no decían ahí mismo que eran la familia".

Este testimonio corresponde a un hombre que laboró como sepulturero en el cementerio San Agustín, de Samaná, en donde un equipo de expertos forenses iniciará la búsqueda e identificación de los restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado depositadas en un osario común.

La magistrada de la JEP Reinere Jaramillo explicó que entre el 2018 y el 2019 integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y de otros movimientos de víctimas de desaparición forzada solicitaron proteger los camposantos en donde habría cuerpos no identificados de personas que murieron violentamente en medio del conflicto armado.

El inicio de la esperanza

Fue el osario de San Agustín (5,90 m2 y 2,40 m de alto) de los espacios identificados como de interés forense, en donde por desconocimiento de las normativas depositaron todas las estructuras que había en bóvedas y se mezclaron con otras en el osario común, lo que dificulta las labores de identificación.

Tras establecer el cementerio de Samaná como una referencia, se pretende adelantar allí el proyecto piloto que se aplicará en 38 sitios similares en el país. De las experiencias adquiridas aquí, se aprenderá, replicará o corregirá.

"En el 2022, la magistratura ordenó a grupos de antropólogos forenses que se pensara en una guía metodológica para intervenir cementerios y la dirigió particularmente un técnico forense de la Unidad de Acusación e Investigación de la JEP, para escuchar a expertos del mundo, entre esos, forenses de Guatemala, Argentina y Bosnia, y avanzar para responder a las víctimas", dijo Jaramillo.

La semana anterior se realizaron reuniones con autoridades eclesiásticas y administrativas del municipio caldense, con el objetivo de iniciar la intervención en la primera semana de abril.

"Hay voluntad y disposición de la Alcaldía y del párroco de la Iglesia, algo sumamente importante, en la medida en que si nos articulamos, trabajamos de manera coordinada y será posible dar una respuesta efectiva en menor tiempo a los familiares de los desaparecidos", añadió la magistrada.

Será un equipo entre 12 y 15 personas encargado de trabajos administrativos y forenses. Por la magnitud y volumen de estructuras óseas que se logró divisar, la intervención podría extenderse hasta mayo. Sin embargo, otra labor debe seguir desempeñando la JEP y es unificar las cifras de Fiscalía, La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y organizaciones de víctimas.

Lo que sigue

Una vez se presente el informe sobre los hallazgos de San Agustín, otro cementerio en Caldas será el siguiente en la lista. Se trata de La Dorada, en donde la UBPD ya realizó un diagnóstico general. Sin embargo, Reinere Jaramillo destaca la importancia de que las familias de las víctimas se acerquen para tomar muestras.

Actualmente se adelantan campañas masivas, sin embargo, la falta de pruebas dificulta la posibilidad de hallar a los dolientes y no se puede realizar la entrega digna. Por eso, el llamado es que si tienen un ser querido desaparecido, se acerquen a Medicina Legal, la Fiscalía o la UBPD para proceder con el cotejo genético.

"Les pedimos que confíen en la institucionalidad, que está fortalecida en poder avanzar en la búsqueda e identificación de desaparecidos. Que se acerquen a las entidades a pedir asesoría y apoyo, porque sin muestras familiares es difícil", resaltó la magistrada de la JEP.

Criterios de estudio de CNI (Cuerpos No Identificados)

a) Con o sin signos de necropsia medicolegal que en su evaluación preliminar evidencien lesiones traumáticas de tipo perimortem (alrededor del momento de la muerte).

b) Con o sin signos de necropsia medicolegal que presenten artefactos o elementos asociados que sugieran un contexto violento.

c) Con signos de necropsia medicolegal que no evidencien toma de muestra ósea de reserva para estudios genéticos con fines de identificación.

d) CNI con rango de edad entre 13 y 60 años y estén dispuestos o hayan sido dispuestos dentro de contenedores tradicionalmente usados por instituciones estatales en labores de inspección técnica de cadáveres (bolsas plásticas, bolsas para transporte de cadáveres, etc.).

e) CNI con rango de edad entre 13 y 60 años y que en su sitio de disposición (bóveda, nicho o fosa) se encuentren desprovistos de prendas de vestir o en ausencia de contenedores.

f) Cuando los cadáveres cuenten con elementos identificativos de necropsia medicolegal y se cuente con información de dicho procedimiento donde se haga referencia a una muerte violenta que se pueda relacionar al conflicto.

*Excepcionalmente se considerará la inclusión de personas de los rangos de edad excluidos, si se encuentran elementos o factores que sugieran su vinculación a hechos relacionados al conflicto armado, por ejemplo, lesiones por proyectil de arma de fuego, o presencia de feto en cavidad pélvica de CNI de sexo femenino.

*Se deben descartar aquellos casos que presenten signos óseos con maneras de muerte accidental.

A los que buscan en Samaná

La JEP tiene un reporte de 2.176 personas desaparecidas. La UBPD tiene en Samaná 172 solicitudes de búsqueda.

En el marco de las medidas cautelares, en Caldas se han recuperado 28 cuerpos.

Acompañamiento y no repetición

El alcalde de Samaná, Jorge Andrés Arango, indicó que ya se firmó un certificado presupuestal por $13 millones para adecuar las instalaciones del cementerio. Añadió que el acompañamiento institucional será importante para la reparación individual y colectiva, así como para acoger los lineamientos nacionales.

Dijo que este proyecto será una puerta para asistir a las 168 veredas y poder identificar allí lugares en donde habría víctimas enterradas y sin identificar.

"Tengo la disposición total para trabajar en la reparación de los lazos sociales y humanos debilitados por el conflicto, y como alcalde velaré por la democracia, el orden y la no repetición, que se construye subsanando los lazos que el flagelo de la guerra nos ocasionó", concluyó Arango.

Faltan recursos, aunque es esperanzador

María Lorena Echeverry García, directora ejecutiva de Fundecos y de la Organización Defensora de Víctimas en Samaná, explicó que la labor será compleja por la dificultad que representará la identificación ante el poco cuidado que hubo sobre los restos.

"Es una mirada esperanzadora, pero será difícil. El proceso va a ser lento, es una realidad que faltan recursos, la Fiscalía no tiene suficiente personal y Medicina Legal no cuenta con los escenarios para custodiar los cuerpos, mientras las familias siguen esperando una respuesta inmediata", indica Echeverry.

Fundecos ha documentado 187 casos en el Magdalena caldense en su plan de búsqueda y solo se ha podido identificar y entregar 14 restos óseos en un periodo de tres años y la esperanza es que las entregas dignas se den a un mayor ritmo.