LA PATRIA | Manizales

Por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), hoy existen medidas cautelares sobre cementerios y fosas comunes de 16 regiones del país, implementadas por la JEP y con lo que se busca proteger estos espacios en la búsqueda de víctimas de la desaparición forzada.

En Caldas son seis cementerios ubicados en La Dorada, Samaná, Riosucio, Norcasia y Supía, que hoy están bajo dichas órdenes y esto ya acarreó investigaciones contra funcionarios públicos. Las magistradas Reinere Jaramillo y María del Pilar Valencia dialogaron con LA PATRIA.

El origen

De acuerdo con las magistradas, es una labor importante la protección de lugares de interés forense que satisfagan los derechos de las víctimas frente al flagelo de la desaparición forzada, pero también tender lazos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

En Riosucio y Supía se dio inicio a una labor que requiere de un abordaje diferente por tratarse de territorios indígenas que se convirtieron en paso estratégico para el paso de grupos subversivos hacia Chocó y el suroeste antioqueño que terminó victimizando a los ciudadanos que habitan esta región.

Sin embargo, los trabajos se centran también en el Magdalena Medio, en donde se incluye a Samaná y La Dorada, así como otra área que acoge a Caldas, Quindío y Risaralda. Estos dos últimos, con 16 y 11 cementerios protegidos respectivamente.

Reinere Jaramillo especifica que a partir de esto se dieron las órdenes administrativas a los alcaldes para que cumplan con sus funciones asociadas a los derechos de las víctimas y se garanticen.

"La JEP identifica que muchas autoridades no cumplen con dicha función, y ¿por qué no? es su mandato, solo basta con cumplir su función, parecen hacerse los desentendidos. A ninguna autoridad se le abriría investigación si cumpliera de buena fe, de manera seria, oportuna y rigurosa en su mandato", explica Jaramillo.

En el país hay 120 mil personas reportadas como desaparecidas y muchas estarían en estos cementerios o fosas como cuerpos no identificados, según explica la magistrada, quien reclama que omitir las órdenes se convierte en un riesgo para las víctimas y destaca que una gran satisfacción es poder regresar esos cuerpos a sus familias.

No solo se trata de los cementerios, también de sitios de interés forense sobre los que las autoridades decidieron poner sus ojos. Por medio del enfoque étnico, explica María del Pilar Valencia, se pretende que las comunidades indígenas, que cuentan con gobiernos autónomos, tengan derecho a participar y realizar sus búsquedas.

En Riosucio y Supía están los cementerios El Carmen y el del resguardo de San Lorenzo, pero también existen 15 puntos denunciados, de los cuales se señalaron 8. Con el poder que se les confiere, no solo se quiere que haya una labor más rápida, sino que los cabildos queden preparados frente a nuevas contingencias.

"Más sabiendo que el conflicto no ha terminado. Una cosa son las Farc, pero el conflicto continúa y hay un riesgo subyacente de que sucedan más hechos. Se les ordenó a las alcaldías y Gobernación que hay que hacer recorridos periódicos para monitorear los sitios", sostiene Valencia.

A renglón seguido, la magistrada manizaleña asegura que, pese a que hubo metodologías acordadas, faltó voluntad política y hay recursos no asignados para proteger los sitios de interés. No solo eso recae en las autoridades locales y departamentales, sino también en el Ministerio del Interior, que más de un año después apenas empieza a ejecutar los protocolos.

"En el cementerio San Nicolás, de San Lorenzo, se identificaron problemas ambientales con filtraciones de agua que pueden afectar la fosa común. El contrato se firmó dos días antes de la audiencia de diciembre. Con el cambio de administraciones debería haber directrices que incluyan obligaciones de conservación, custodia, marcación y preservación de cuerpos", recalcó Valencia.

Para Reinere Jaramillo, en términos generales se ha apreciado un compromiso de gobernaciones y alcaldías, cree que no hay mala fe, pero sí un desconocimiento y desconexión con las víctimas.

"Poderlos identificar es como encontrar una aguja en un pajar. Alcaldes y gobernadores deben cumplir y asumir con mayor rigurosidad el Acuerdo Final de Paz. Los funcionarios públicos deben ser más empáticos con el dolor de las victimas, tenemos que tener gente a la que le duela el país, que sea capaz de ponerse en los zapatos de los otros", resaltó Jaramillo.

Valencia añade que hoy existe una obligación inmensa para las nuevas administraciones, para que incluyan en sus planes de desarrollo a las víctimas y no sea necesario esperar por una orden judicial para garantizar recursos, de modo que se convierta en parte del ADN institucional el compromiso con víctimas y derechos humanos.

Muertos que buscan a sus familias

Un nuevo reto que surgió a las organizaciones del Estado y fundaciones es la necesidad de hallar a las familias de las víctimas identificadas e inhumadas en los cementerios. Se trata de la búsqueda inversa que ya rindió frutos como en Villavicencio, en donde 18 familias recibieron a sus seres queridos, a quienes tenían en un cementerio de San José del Guaviare.

El proyecto piloto de Samaná

En el osario del cementerio de Samaná se desconoce la cantidad de cuerpos, dado que con el paso del tiempo se fueron acumulando sin ningún protocolo, sumado a la pandemia y la necesidad de abrir espacio. Antropólogos forenses de Guatemala, Argentina y Colombia acompañan el proceso de recuperación y dada la magnitud de la fosa tendrán que contar con certificado de trabajo en altura. Ese mismo modelo que ya está en marcha esperan replicarlo en otros escenarios del país, incluido San Lorenzo.

Llamados a responder

En diciembre pasado, la JEP ordenó el arresto de Luis Carlos Velásquez, exgobernador de Caldas; Marco Antonio Londoño, exalcalde de Supía, y de Marlon Alexánder Tamayo, de Riosucio, por supuestos incumplimientos con las medidas cautelares. Ellos apelaron y están a la espera de que se decida.

La cifra

46 son los cuerpos recuperados en San Lorenzo y Medicina Legal trabaja en la identificación y determinar cuáles fueron víctimas del conflicto.