LA PATRIA | MANIZALES

Este miércoles se conoció el auto AI-083, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordena el arresto por tres días y una multa de $2 millones 320 mil a los alcaldes de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, y Riosucio, Marlon Alexánder Tamayo Bustamante, así como el arresto por el mismo lapso y una sanción económica por $3 millones 480 al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona.

La sanción obedece al desacato a las órdenes que la JEP les había dado relacionadas con los cementerios de las mencionadas poblaciones.

La Administración departamental y las municipales se pronunciaron al respecto.

En Supía

A través de un comunicado de prensa divulgado este martes, desde la Alcaldía de Supía indicaron que fueron notificados de la decisión de la JEP y que son respetuosos de las instituciones y de las órdenes que imparta la justicia. 

No obstante, aseguraron que realizaron las gestiones pertinentes y entregaron el protocolo ordenado en los tiempos establecidos, razón por la cual se realizará la respectiva apelación del fallo.

"Para el caso del municipio de Supía, el protocolo fue orientado exclusivamente hacia la comunidad de La Línea, donde habitan 7 familias del Resguardo San Lorenzo, y en esta zona no existen sitios donde se haya identificado la posibilidad de existencia de puntos de interés forense de la ancestralidad, los cuales solo se tienen ubicados en el municipio de Riosucio, de acuerdo con dicho acto administrativo", explicaron. 

De igual forma, señalaron que el alcalde Londoño Zuluaga se encuentra en libertad y concentrado en finalizar la última semana de gobierno. 

"El incidente de desacato se encuentra en primera instancia y está en curso el proceso de apelación. Tenemos confianza en todas nuestras actuaciones y esperamos que la justicia obre de acuerdo a las evidencias presentadas", concluyeron. 

En Riosucio

Horas después, ya durante el miércoles, la Alcaldía de Riosucio se manifestó al respecto y, además de indicar que ─como en Supía─ respeta las órdenes de la justicia, informó: "Esta administración, en la medida de sus posibilidades económicas, ha dado cumplimiento a las órdenes de la JEP, en especial las relacionadas con el cementerio El Carmen y el cementerio San Nicolás de San Lorenzo por un valor de $132 millones".

Asimismo, indicó que el Municipio apelará las decisiones de la JEP, reconociendo que se ha "adelantado la gestión para dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia", pero requiriendo "del apoyo de las demás instituciones vinculadas en el fallo".

De la Gobernación

La última administración en pronunciarse fue la Gobernación de Caldas, que ─a tono con los dos gobiernos locales─ anunció que procederá con el recurso de apelación y precisó que no ha escatimado esfuerzos para materializar lo ordenado por la justicia. "El presente caso no ha sido la excepción, hemos desplegado todas las acciones a disposición de la entidad para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia Especial para la Paz".