En Marmato siguen desconcertados ante el ataque del que fueron víctimas madre e hija el pasado sábado en la madrugada, en el sector de San Jorge, en la vereda Cabras, quienes siguen hospitalizadas en Manizales.

Ayer, ciudadanos, miembros de la Alcaldía y de la Policía realizaron un plantón en el que exigieron justicia y respeto por las mujeres. Entre palabras de solidaridad y una campaña de la Patrulla Púrpura se hicieron sentir contra los violentos.

Según vecinos de las afectadas, el agresor sería un sujeto conocido como el Pastuso, quien reside cerca de donde ellas y pretendía a la más joven. El tipo ingresó a hurtadillas a la casa y habría abusado sexualmente de ella, sin importarle que también estaba el hijo de su víctima.

La madre de la muchacha padece de una discapacidad física y debe movilizarse en silla de ruedas. Se percató de lo que ocurría por lo que intentó defender a su hija, pero el presunto abusador sacó un arma cortopunzante y les propinó a cada una, entre 18 y 20 puñaladas.

Vecinos de las mujeres se percataron del hecho, las socorrieron y las trasladaron al hospital, mientras el tipo escapaba.

Debido a que sufrieron lesiones de consideración, las remitieron a Manizales.

Hacia las 11:00 de la mañana del sábado, según relató el alcalde, Carlos Cortés, las autoridades detuvieron a un sujeto, conocido como el Pastuso, que sería el responsable de la agresión.

La captura se dio en el centro poblado de El Llano. Sin embargo, la Policía informó que le hallaron droga en su poder y lo judicializaron por tráfico de estupefacientes, y se sigue recolectando pruebas para establecer su responsabilidad en el caso de Cabras.

Ley quita beneficios a feminicidas

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, sancionaron una ley ya aprobada por el Congreso que retira todos los beneficios penales, como la condicional, la prisión domiciliaria o la reducción de penas por colaboración cuando el delito del acusado o condenado sea el feminicidio.

"Las personas condenadas por feminicidio, que ya habían perdido beneficios como las salidas de 72 horas o la detención domiciliaria cuando hubieran cumplido la mayor parte de la pena, van a perder también otros beneficios, por lo que tendrán que hacer el cumplimiento completo de la pena en cárcel", según Osuna.

En el 2024

La Procuraduría alertó que entre el 1 de enero y el 30 de mayo se registraron 90 feminicidios en el país, de los cuales en 61 casos los agresores fueron probablemente parejas o exparejas de las víctimas.

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