LA PATRIA | MANIZALES

Un uniformado de la Policía Metropolitana de Pereira, natural de La Dorada (Caldas), esperaba por medio de una tutela poder regresar a su tierra natal bajo el argumento de que sus padres lo necesitaban cerca por quebrantos de salud.

Aunque el Tribunal Superior de la capital de Risaralda indicó que se debió haber adelantado un proceso más eficaz en la evaluación a la familia, al final terminó dando una sentencia inconclusa, tal como afirmó el abogado Germán Sarasty.

Esto exigía

El patrullero expuso que desde hace cerca de tres años labora en Pereira y como hijo único responde económicamente por sus padres, quienes presentan patologías graves. Por eso efectuó derechos de petición para obtener el traslado al Puerto Caldense o a un municipio cercano para poder acompañarlos y cuidarlos.

Indicó que la oficina de talento humano de la Policía verificó ese estado. Sin embargo, le negaron el cambio de residencia y se omitió el análisis de las condiciones de los dos adultos y la posibilidad de garantizarles una mejor calidad de vida.

También le recomendaron realizar un trámite en línea para el traslado, sin tener en cuenta la protección a los derechos humanos fundamentales. Aseveró que le violaron el debido proceso, la vida digna, unión familiar, mínimo vital y salud. Por eso pidió su reubicación cerca de sus padres.

Lo que dijeron los superiores

La comandante de Policía de Pereira indicó que la negativa a trasladarlo se debió a que el patrullero cuenta con los servicios médicos necesarios y condiciones de vida favorables para que sus parientes se radiquen en esta ciudad.

"Además, pueden hacer parte del régimen especial de salud de las fuerzas armadas, en el que tienen acceso a las prestaciones médicas correspondientes. Finalmente señaló que, al ingresar en la institución, el interesado aceptó que en virtud de la necesidad del servicio pueda ser asignado a cualquier unidad del territorio nacional", se lee en la sentencia del Tribunal.

La responsable del Grupo de Talento Humano sostuvo que sí se tuvieron en cuenta las condiciones de estas personas y no reunían los requisitos para un traslado inmediato, pues no cuentan con vivienda propia y por eso ellos podrían desplazarse.

Pidió revisión

El juzgado que tomó el caso notó que no se llevó a cabo un debido proceso y por eso ordenó que se realizara un nuevo estudio psicosocial y familiar del patrullero y determinar las condiciones reales del núcleo familiar, para así buscar salidas a la solicitud de traslado.

Se demostró que los padres no tienen otros familiares que puedan brindarles apoyo y cambiarse de ciudad generaría un desarraigo, además de que deberían reiniciar sus tratamientos médicos. Tampoco se tuvo en cuenta la capacidad económica del uniformado para encargarse de sus dos familias.

Lo que dijo el Tribunal

La Sala Laboral entró a decidir en segunda instancia, dado que en primera se pidió elevar nuevamente un estudio, aunque no se ordenó el traslado y el uniformado apeló.

"No queda duda que las citadas autoridades dejaron de motivar sus decisiones con base en todos los elementos de juicio necesarios para resolver la cuestión, al marginar del debate circunstancia tan relevante como la situación sociofamiliar del uniformado que solicita su traslado por caso especial", indicó el ente.

Reclamó porque no se analizaron con juicio los soportes que demostraban las condiciones de los adultos para saber si se aprobaba o denegaba la reubicación laboral, dado que los estudios los realizó la misma Policía y no mostró razones de fondo para negar la solicitud.

Sin embargo, cuando se esperaba que todo resultara positivo para el uniformado, el Tribunal puntualizó que no se violó el debido proceso y, por ende, lo correcto sería realizar nuevamente esos estudios, más no ordenar el traslado.

Acertados en derecho, no en humanidad

El abogado Germán Sarasty manifestó que el derecho no va de la mano con la justicia y cuando los jueces emiten un fallo de tutela, principalmente cuando se trata de los derechos fundamentales, deben llamar la atención a las instituciones del Estado para que tengan un enfoque más humano en las decisiones que toman.

Añadió que le impusieron cargas complicadas y trámites burocráticos al patrullero que no deberían estar por encima de las condiciones humanas que todos están en la obligación de proteger.

"Los órganos judiciales deben llamar la atención a humanizar las relaciones del poder estatal con sus administrados, se exceden la Policía y el Ministerio de Defensa con el patrullero al desconocer esas condiciones de especialísima vulnerabilidad que tiene. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo justo como valor humano", recalcó.

El abogado criticó que la resolución del fallo deja mucho que desear, pues queda acéfala y debería complementarse. Lo tildó de estéril al ordenarle a la Policía que efectué una verificación, pero no pide el traslado y confirma la sentencia.

"Debería haber una mayor observancia y quitar tanto trámite. Esto es desestimulante para las personas que prestan un servicio a la sociedad. No significa que la acción de tutela deba operar siempre ante cualquier contingencia, pero el juez al confirmar el fallo, debe llamar la atención de tener mas tolerancia con sus miembros", concluyó Sarasty.

Lo que padecen

Según el responsable de apoyo psicosocial de la Policía de Caldas, los adultos no laboran, residen en un barrio de estrato 2 y dependen económicamente de su hijo.

El padre padece de desviación de columna, artrosis, escoliosis, gonartrosis, tiroides, insuficiencia renal, arritmia cardiaca, hiperuricemia, trastornos de metabolismo y trastorno en disco cervical, así como problemas de movilidad causada por caída desde su propia altura.

La madre tiene diagnósticos de insuficiencia venosa en miembro inferior izquierdo, médico vascular periférico, hipotiroidismo, ulcera varicosa, sobrepeso obesidad grado 2, gastritis y cálculos en vesícula.