Foto | Archivo | LA PATRIA
La Policía capturó a Sayayín cuando acompañaba a una víctima a retirar el dinero.
A los delincuentes no les bastó con secuestrar y amenazar de muerte a sus víctimas, sino que luego de la captura de uno de ellos, siguieron las llamadas e intimidaciones contra las victimas, por haber denunciado.
Los hechos ocurrieron el 14 de octubre del 2022 en la vía entre La Dorada y Norcasia, a donde se citaron tres comerciantes y unos sujetos que fingieron querer comprarles una propiedad.
Al llegar al punto de encuentro, los delincuentes amedrentaron a los afectados con armas de fuego, les indicaron que se trataba de un secuestro y trabajaban para el Clan del Golfo. Los pusieron en contacto vía telefónica con un sujeto que se identificó como el comandante Antonio y les exigía $36 millones a cambio de no llevárselos para el monte y asesinarlos.
Tras negociar, acordaron que les darían $8 millones, por lo que retuvieron a uno, mientras el otro debía ir a un cajero en La Dorada por el dinero.
Lo acompañó un delincuente conocido como Milton o Sayayín, pero el comerciante se pudo comunicar con un familiar, quien rápidamente avisó a la Policía.
En el momento que se realizaba la transacción, los uniformados capturaron al señalado y liberaron a la otra víctima. Las autoridades identificaron al supuesto comandante Antonio, quien hizo la llamada desde una cárcel y siguen tras el rastro de los otros secuestradores.
Ayer, ante el Juzgado Penal Especializado de Manizales se llevó a cabo la formulación de acusación. El fiscal segundo especializado ante el Gaula Caldas lo señala de secuestro extorsivo en concurso heterogéneo y concierto para delinquir agravado.
El ente acusador expuso las pruebas contra este sujeto, natural de La Dorada y quien permanece recluido en la estación de Policía de Flandes (Tolima). Además se supo que existen llamadas y mensajes amenazantes contra los afectados y sus familias por haber denunciado el fallido plan de estos delincuentes.
Una larga pena
Por los delitos que enfrenta el Sayayín, podría llegar a pagar hasta 50 años de prisión y una multa de hasta $50 mil millones. Esto se agravó por las amenazas de muerte y por haber puesto en peligro la integridad de las víctimas.