LA PATRIA | MANIZALES

La palabra que termina el título del presente artículo es bastante desconocida, a pesar de calificar la desafortunada realidad de una mayoría de países. Viene del griego "διεφθαρμένος" (dieftharménos), que significa "corrupto", y "κράτος" (kratos), "poder". Dicho de otro modo, se refiere al gobierno de los corruptos por los corruptos, una situación que en Guatemala está mostrando su fea cara (por enésima vez) en un contexto electoral alborotado.

Una Justicia no tan justa

Thelma Cabrera: descalificada; Roberto Arzú: descalificado; Carlos Pineda: descalificado. Mientras que el número de días restantes antes de las elecciones generales en Guatemala ha ido disminuyendo, el de candidatos presidenciales vetados por la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral bajo razones inverosímiles u opacas ha ido aumentando.

Respectivamente, es una candidata indígena de izquierda y dos conservadores aspirantes al cargo (el último de estos era considerado el más probable próximo presidente) que vieron su sueño aplastado por el mazo de los magistrados. Cabrera fue excluida porque el órgano judicial declaró como no idóneo a su fórmula vicepresidencial, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, un reconocido luchador anticorrupción actualmente exiliado ante el temor a represalias por esta postura.

Por otro lado, la candidatura de Zury Ríos, hija de Efraín Ríos (quien fue dictador entre 1982 y 1983), sí recibió la sanción de las cortes, pese a que el artículo 186 de la Constitución impide que acedan a la Jefatura del Estado parientes de golpistas (en las elecciones del 2019, había sido rechazada por esta razón).

Gobiernos exteriores así como organizaciones locales y internacionales, notablemente la Organización de Estados Americanos (OEA), denuncian la injusticia de la Justicia (un oxímoron que en Guatemala no sorprende), la muchedumbre de irregularidades del proceso electoral y la represión contra las voces que critican a la neonobleza reinando sobre el país.

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Alejandro Giammattei, presidente saliente de Guatemala. En este país, el jefe de Estado es elegido por un mandato no renovable de cuatro años. El gobierno de este mandatario, pese a pretender luchar contra la corrupción, ha él mismo sido denunciado por corrupción, aunque no por la Justicia.

La mano dura, dura de aplicar

Permanecen entonces 22 candidatos al puesto más prestigioso de la nación, pero existe un desequilibrio abismal en el espectro político de la oferta electoral: 19 son de tendencia o de clara afiliación derechista, entre los cuales están los tres binomios con más posibilidades de victoria según las encuestas: Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, Edmond Mulet, del partido Cabal, y Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza.

Entre las propuestas socialmente conservadoras de unos, los planes de liberalización económica de otros y las promesas conjuntas de combatir la corrupción, un tema que en especial resalta y es recurrente en el programa de todos es el de la inseguridad causada por el crimen, en eco con las preocupaciones de la ciudadanía.

Aun más llamativas son las pautas del modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que se reflejan en los esquemas de los mismos tres candidatos más populares, que apuestan por una intransigencia sin precedente con los criminales y la construcción de cárceles de máxima seguridad, lo cual se ha convertido en una competición de quién pretende edificar más penitenciarías: mientras que Mulet se ha limitado a prometer la entrega de una sola prisión, Ríos ofrece el triple y Torres incluso una más.

Mulet se ha distanciado de querer seguir al pie de la letra la hoja de ruta de El Salvador, subrayando que Guatemala necesita un modelo de seguridad adaptado a sus peculiaridades y reconociendo el carácter potencialmente democracida del bukelismo. Sin embargo, para Ríos y Torres la necesidad de replicar fielmente en el territorio guatemalteco la estratagema aplicada en el país vecino es un axioma, por lo que afirman abiertamente su intención de hacerlo.

Ahora bien, es cierto que las medidas de Bukele han reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, pero al mirarlas como si fueran un faro resplandeciente que puede guiar a cualquier nación hacia el camino correcto (como lo hacen Ríos y Torres) se corre el riesgo de quedarse ciego frente a la realidad distinta de su propio país.

La problemática primaria que coarta la capacidad reproductiva del patrón salvadoreño en el Estado guatemalteco (aparte del hecho de que Guatemala tiene cinco veces la superficie de El Salvador y un terreno más montañoso, ergo más propicio al desarrollo de actividades ilegales ocultas) reside en la estructura misma del crimen organizado en el país del quetzal. Efectivamente, en El Salvador las redes delincuenciales se constituyen en general de pandillas con un débil apoyo interno y externo para defenderse contra la plena potencia de la coerción estatal bajo Bukele.

En contrapartida, en Guatemala (núcleo del tránsito hacia Estados Unidos de las drogas provenientes de Sudamérica), a las maras se suman estructuras de narcotráfico, contrabando y trata de personas bien arraigadas y suficientemente equipadas para resistir a posibles asaltos de las autoridades. Es más, las instancias de poder están infiltradas por el crimen organizado a todos los niveles, de la policía hasta el Congreso de la República, con narcotraficantes respaldando pecuniariamente ciertas campañas electorales. Inclusive los principales aspirantes presidenciales, pese a jurar sobre su voluntad de luchar contra el crimen y la corrupción, cuentan en su red de candidatos congresionales y municipales con personas conocidas por su cercanía al narcotráfico.

Por consiguiente, es probable que métodos bukelistas en el país solo logren colocar entre rejas a peones fácilmente reemplazables de la urdimbre criminal, sin socavar el sistema, sus cabezas dirigentes ni sus poderosos socios. Es más, la corrupción es tan difundida en el país que pasados proyectos de grandes cárceles que fueron ejecutados fallaron en frenar el crimen organizado porque los agentes penitenciarios acababan sobornados por este.

Pero es cierto que promesas de mano dura, sin importar su viabilidad, tienen mucha resonancia en un electorado ahíto de la violencia endémica. Los políticos guatemaltecos están más que conscientes de que emplear tales discursos demagogos juega en su favor, además de desviar la atención popular lejos de la necesidad de concretamente atacarse a la corrupción sistémica que impide la implementación eficaz de medidas de seguridad.

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Guatemala, a semejanza de su vecino El Salvador, ha estado padeciendo durante décadas de la violencia causadas por las pandillas (las llamadas "maras"), pero también por los carteles.

El Pacto de Corruptos

A la imagen de las pirámides mayas, la jerarquía socioeconómica guatemalteca está ostensiblemente segmentada, con escalones inferiores amplios, pero un pequeño ápice. No obstante, por muy numéricamente inferior que sea esta clase alta, posee un control tentacular sobre los sectores clave del país, a expensas de la gran mayoría de la población.

En el 2017 surgió en los medios de comunicación independientes la apelación de "Pacto de Corruptos" para referirse a los acuerdos de colusión arcanos entre políticos, ricos empresarios (incluyendo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF–, el conglomerado más importante del país) y miembros del crimen organizado para asegurarse de que el Estado no tome decisiones desalineadas con sus intereses personales.

Un hito destacado atribuido a este llamado pacto es el desmantelamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (ver el recuadro ¿Qué fue la CICIG? al final del artículo) en el 2019, con el que el conjunto de corruptos quitó de su zapato una piedra que lo incomodaba desde el 2006. Desde esta disolución, la situación en país ha ido, como lo dice la locución proverbial popular, "de Guatemala a Guatepeor".

El cáncer de la corrupción parece haberse metastatizado hasta afectar los órganos judiciales supremos, lo que explicaría los decretos de inelegibilidad (desacreditados por muchos como arbitrarios) pronunciados contra algunos candidatos en las elecciones por un lado, y las autorizaciones a participar aparentemente inconstitucionales del otro (como en el caso de Zury Ríos Sosa).

Si subsiste algo de democracia verdadera en el país centroamericano, es presumible que sea en fase terminal, pues está perdiendo el poco de aliento que le queda a medida que son arrestados o se exilian periodistas, activistas, fiscales y oponentes políticos. La celebración de elecciones no basta para que un sistema sea democrático: hace falta una estricta separación de poderes, un aparato judicial independiente y una prensa libre, así como el respeto riguroso del imperio de la Ley, de los derechos y de las libertades fundamentales. Sin estos elementos esenciales, los comicios son únicamente una especie de cuidados paliativos que procuran distraer las masas de los síntomas del orden democrático moribundo.

¿Qué fue la CICIG?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue instaurada en este país tras la solicitud del gobierno para ayudar a combatir las redes de crimen organizado, herencias de una larga guerra civil (1960-1996). Unos 660 individuos fueron procesados gracias a ella, entre ellos los cuales están congresistas, ministros, expresidentes y un magistrado de la Corte Suprema. También resultó en la destitución de varios jueces y de miles de agentes de policía corruptos, además de la detención de narcotraficantes.

Datos sobre Guatemala

Nombre oficial: República de Guatemala

Ubicación: América Central

Capital y área metropolitana más poblada: Ciudad de Guatemala

Idioma oficial: español

Superficie: 108.889 km² (106.º en el mundo)

Población: 17.357.885 personas (2022, estimación) (70.º)

Índice de desarrollo humano (IDH): 0,627 (2021) (134.º)