EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El Tribunal Superior Electoral de Brasil iniciará hoy un juicio por supuestos abusos de poder del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien podría perder todos sus derechos políticos en caso de que lo hallen culpable.

La acusación, extensiva al general Walter Braga Netto, quien fue compañero de fórmula de Bolsonaro como candidato a vicepresidente el año pasado, sostiene que el líder de la ultraderecha violó la ley electoral en numerosas ocasiones a lo largo del proceso que llevó a la victoria del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués) impulsó el proceso y está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y otras instituciones durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado.

Serán tres audiencias para este caso, por lo que la sentencia, que puede declarar inelegible al expresidente de la ultraderecha durante ocho años si lo declaran culpable, se dictará la semana próxima.

Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la Presidencia con unos 50 embajadores extranjeros el 18 de julio del 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral.

En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la Presidencia, intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se utilizan en las elecciones en Brasil desde 1996, pese a que nunca desde entonces se ha comprobado una sola irregularidad.

Dos años de ataques

Esa reunión con embajadores fue la puntilla de una campaña contra las urnas electrónicas a la que Bolsonaro imprimió más beligerancia aún desde marzo del 2021, cuando la Corte Suprema anuló los juicios por corrupción que llevaron a la cárcel a Lula, quien desde ese momento pasó a liderar todas las encuestas electorales para el 2022.

De acuerdo con la acusación, el expresidente incurrió en "abusos de poder y económicos" y en "uso indebido de los medios públicos", al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.

Sin embargo, el PDT fue más allá y sostuvo que Bolsonaro "buscó la adhesión de otros países para, en caso de promover un golpe de estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude".

Resistencia y asalto a los poderes

Contra Bolsonaro, aunque no esté expreso en los cargos, juega todo lo ocurrido después de que Lula ganó las elecciones y el asalto a la sede de los tres poderes de la Nación del 8 de enero, ocho días después de la investidura del actual mandatario progresista.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas, alentó a sus simpatizantes a resistir y el país entró en una vorágine de vértigo político, con miles de activistas acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo sin pudores un golpe militar.

Todo eso en plena transición, con el Gobierno omiso y Bolsonaro en un completo silencio frente a los actos antidemocráticos, que rompió dos días antes de la investidura de Lula para anunciar que viajaba a Estados Unidos, donde permaneció tres meses.

La investigación de esos hechos incluso llevó a la Policía a descubrir, en manos de algunos de sus más cercanos asesores, sendos borradores de decretos que anularían el resultado de las urnas tras la victoria de Lula y planteaban hasta una intervención militar para mantener a Bolsonaro en el poder.

Alcance penal

Bolsonaro responde por otras acciones penales y una de ellas lo tiene como sospechoso de haber incentivado el asalto a los tres poderes de enero pasado, atribuido a una violenta horda de activistas de la ultraderecha que le apoya.