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Andrés Castañeda, uno de los aprehendidos, se desempeñaba como mensajero en Colombia y, según su familia, nunca ha tenido problemas con la justicia.
EFE | LA PATRIA | SAN SALVADOR
El Socorro Jurídico Humanitario, una entidad no gubernamental, señaló que las autoridades de seguridad de El Salvador han detenido a unos 20 colombianos bajo el régimen de excepción, que suspende el derecho a la defensa en el país centroamericano.
La denuncia la realizó Ingrid Escobar, representantes del Socorro Jurídico Humanitario, en una conferencia de prensa y añadió que a todos los detuvieron como si fueran miembros de asociaciones ilícitas, como las pandillas.
Indicó que entre ellos se encuentra Andrés Castañeda, un joven de 31 años aprehendido desde diciembre de 2022 sin ninguna causa calificada y llegó al país tras escuchar que supuestamente había generación de empleo con el bitcóin.
"Se vino a probar suerte a El Salvador y lo único que ha encontrado es cárcel, tortura y violación a derechos fundamentales", añadió Escobar.
La esposa de Castañeda, Alejandra Muñoz, señaló a través de una videollamada que "son muchas familias las que están en la misma situación" y relató que la detención se dio el 7 de diciembre pasado.
"Nunca pensamos que esto nos podría pasar a nosotros, porque mi esposo buscando mejores oportunidades llegó a El Salvador y solamente pasaron unos días y no volvimos a saber nada de él", señaló.
Llamó a las autoridades a revisar el caso de su esposo y de otras personas en la misma situación, porque quisiera que lo liberaran, dado que ya pasaron seis meses desde su detención
En esta misma conferencia se denunció la detención arbitraria de los salvadoreños Salvador Alfaro, Carlos Alfaro, Marvín Alfaro, Denis Valladares y Kevin Ramírez, cuyos familiares defienden su inocencia y piden conocer su estado de salud, dado que tampoco saben nada de ellos.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo pasado al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de dicho régimen, que suma más de 70.000 arrestos durante más de un año de vigencia. El Gobierno asegura que todos los detenidos pertenecen a las pandillas.