Nora Quintanilla

EFE | LA PATRIA | Nueva York

El juicio por fraude contra Donald Trump entró en su segunda jornada con cuestiones más detalladas de contabilidad, y en la sesión de hoy destacó el testimonio de un excontable que trabajaba para la Organización Trump y que afirmó que esta le ocultaba documentos relevantes para elaborar sus declaraciones financieras.

El primer testigo, llamado el lunes por la Fiscalía y que este martes continuó en la tarima, ha sido Donald Bender, un contable de la firma Mazars, contratada durante años por la Organización Trump y por el propio expresidente, y que previamente testificó en la causa penal contra la empresa por evasión fiscal en Manhattan.

A unos metros lo escuchó atentamente el expresidente Trump, que se presentó de nuevo sin ser requerido en el tribunal y se sentó en la mesa de la defensa junto a su abogado Christopher Kise, haciéndole comentarios en voz baja y en ocasiones negando con la cabeza para sus adentros, en un gesto exasperado.

La segunda jornada del juicio por fraude contra Trump, sus dos hijos mayores, su empresa y dos socios, en el que se dirimen seis cargos relacionados con ilegalidades y que durará unos tres meses, generó menos expectación que ayer: se vio a algún manifestante aislado y la sala del juzgado estuvo medio vacía.

Contradicciones y objeciones

Un momento clave fue cuando Bender admitió ante el fiscal Kevin Wallace que la Organización Trump no le entregó "todos los documentos necesarios para compilar" la información financiera anual de la empresa, concretamente "tasaciones" inmobiliarias, pese a dijo haberlas solicitado.

Eso contradice los compromisos que figuraban en un documento firmado por el jefe financiero, Allen Weisselberg, y el vicepresidente, Donald Trump Jr. -administradores del fideicomiso de Trump en su etapa presidencial- y en el que aseguraban "no ocultar con conocimiento de causa registros financieros" relevantes.

Bender indicó el lunes que como contable para la empresa -entre 2009 y 2018- elaboraba las declaraciones de condición financiera usando generalmente las cifras que le daban en la empresa, sin revisarlas, y este martes el fiscal presentó una valoración de la Torre Trump en 631 millones de dólares hecha de manera interna.

"¿Usó Mazars algún procedimiento para comprobar si esos 631 millones eran correctos?", insistió el fiscal, ante lo que el testigo dio respuestas ambiguas y finalmente reconoció que no.

El interrogatorio se centró generalmente en el contenido de documentos y hojas de cálculo, pero fue interrumpido por varias objeciones de la defensa, que el juez rechazó siempre, en torno al estatuto de limitaciones de los cargos que se imputan y la validez de las pruebas utilizadas por la Fiscalía.

En ese sentido, Trump salió el lunes de la sala pensando que el "80 %" del caso podía desestimarse por referirse a hechos anteriores a 2014, que estarían fuera de plazo por decisión de una corte de apelaciones, tal y como lo escribió en su red social Truth Social, pero el juez Arthur Engoron le dijo esta mañana al expresidente que estaba equivocado.

En las pausas también hay movimiento

El interrogatorio a Bender por parte de la Fiscalía concluyó hoy cerca del mediodía, tras lo que el juez ordenó una pausa para comer antes de dar su turno a la defensa de Trump para interrogar al testigo, pero el receso se alargó -sin explicaciones- hasta dejar solo un par de horas antes del fin de la jornada.

Trump estuvo menos hablador este martes que ayer con la prensa, pero volvió a arremeter contra el caso, la fiscal y el juez Engoron, a quien atacó en un largo correo enviado por su campaña durante la pausa, y en el que acusa al veterano magistrado de ser donante del Partido Demócrata y de "extrema izquierda".

También publicó en Truth Social un mensaje, borrado después, en el que vinculaba sentimentalmente a la secretaria de Engoron (dio su nombre) con un senador demócrata y la acusaba de emprender una persecución política contra él, algo que pareció disgustar sumamente al juez.

Según medios acreditados, el expresidente entró y salió varias veces de la sala durante la pausa, en la que se vio a unos repartidores subiendo más de una decena de pizzas al tribunal, y las partes parecieron reunirse a puerta cerrada con el juez, sin que se supiera la razón.

Quedó claro a la vuelta: Engoron denunció como "inaceptables e inapropiados" los "ataques personales" contra su personal del juzgado y emitió una "orden mordaza" contra "todas las partes", por la que podrá sancionar futuros mensajes que contengan referencias a los trabajadores.