Jorge Dastis
EFE / LA PATRIA / Naciones Unidas
La misión multinacional de ayuda a la Policía de Haití que solicitó el propio Gobierno del país a las Naciones Unidas recaba cada vez más apoyos concretos, y parece que una votación en el Consejo de Seguridad se podría producir tan pronto como la semana que viene.
En una rueda de prensa ayer en Nueva York, el principal encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, dijo que espera “que el Consejo actúe con rapidez la semana que viene” para considerar la resolución, en la que su país lleva tiempo trabajando junto a Ecuador.
“Hay un apoyo mayoritario”, aseguró el encargado, que añadió que “existe un sentimiento abrumador de que ya es hora”.
Poco antes, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció durante un evento ministerial con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas que Washington se ha comprometido a apoyar con hasta 100 millones de dólares la futura misión.
Además, anunció que EE.UU. dará 65 millones suplementarios “para profesionalizar” a la policía haitiana.
“Con nuestro apoyo, esta misión puede desplegarse en cuestión de meses, y no tenemos tiempo que perder”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en el evento, en el que participaron representantes de 34 países, entre ellos Kenia, Francia (miembro permanente del Consejo de Seguridad), España, Canadá y Haití.
El responsable de la diplomacia estadounidense anunció también restricciones de visado contra cinco funcionarios y exfuncionarios haitianos relacionados con las bandas criminales que asolan el país.
Hasta el momento, tan solo Kenia se ha comprometido oficialmente a enviar a 1.000 uniformados para apoyar la misión. Durante la reunión de este viernes, países como Jamaica o Barbados también se han comprometido a contribuir con personal, confirmó Blinken.
España y México, comprometidos
También se han pronunciado a participar de un modo u otro en la misión los responsables diplomáticos de España como de México.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dijo ayer durante una rueda de prensa que su país será uno de los participantes occidentales en la misión -junto a Francia, EE.UU. y Canadá, dijo-, y que está esperando a la reunión del Consejo de Seguridad para concretar sus contribuciones.8
También explicó que la misión probablemente durará años porque se trata de “dar seguridad y rescatar al país de las bandas”, y reiteró que España es “uno de los mayores donantes” a Haití.
Por su parte, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo en una comparecencia ante la prensa en la ONU que su país, pese a no poder enviar efectivos a Haití por ley, está entrenando a cientos de policías haitianos en su propio territorio: 550 ya formados y 110 en proceso de entrenamiento.
El propio Gobierno haitiano lleva meses solicitando el envío de una misión internacional de la ONU para asistir a la Policía, abrumada por la situación de extrema violencia que vive el país caribeño.
La ONU ha insistido en que esa misión no se asemeja a una fuerza de paz o de interposición, como suele ser lo habitual, sino que será una mera fuerza de apoyo policial a las órdenes de la Policía del país.

Pronunciamiento en la Asamblea
Ariel Henry, primer ministro de Haití, reclama “el uso de la fuerza” como primer paso durante su discurso ayer ante la Asamblea General, quien hizo un apasionado llamamiento a la colaboración internacional para hacer frente a la “cuestión de la seguridad” en el país, que es “la gran prioridad” de su Gobierno.
“El Consejo de Seguridad debe tomar acciones urgentes autorizando el despliegue de una misión de apoyo multinacional compuesta de personal militar y de seguridad”, dijo el haitiano, para quien “el uso de la fuerza como primer paso es esencial”.
Sin embargo, dijo Henry, no es el único paso necesario, y apuntó a la “pobreza extrema” como el origen de todos los males del pueblo haitiano, ya que lleva a muchos jóvenes a sentirse “tentados” a unirse a las bandas armadas. También pidió a la República Dominicana que le permita mantener su acceso al agua del río Masacre, en la frontera entre ambos países, después de que el Gobierno dominicano cerrara todas las fronteras entre ambos países -terrestres, marítimas y aéreas- y, por tanto, bloqueado el importante comercio bilateral, como respuesta a la construcción de un canal hacia territorio haitiano.