El martes se reunió Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), la Defensoría del Pueblo y la comunidad de la vereda Montaño para seguir buscando soluciones ante la situación que padecen los habitantes de la zona.

Aunque la entidad presentó otras alternativas, la comunidad todavía se siente a la incertidumbre frente a su futuro. Según Raúl Silva, residente de la vereda y uno de los representantes de la comunidad en la mesa técnica, Corpocaldas propuso instalar un sistema de alarmas especializadas en el ahuyentamiento de felinos y descartar el uso de pólvora.

A su vez, Silva añade que también se instalarán luces enfocadas en la exposición de animales silvestres. "Quisimos contar con la participación del profesor Carlos Vargas, físico experto en estos instrumentos. La Universidad Nacional cree que puede elaborarlos", apunta Silva.

Corpocaldas confirma que la idea es articular una alianza con la institución y elaborar equipos acordes al presupuesto de la entidad y así instalarlos en los predios de cada habitante. Agrega que en el transcurso de esta semana se reunirán con la Universidad para precisar la situación.

Obligados a convivir

Si bien, la comunidad agradece que se cambie el protocolo de acción, la desilusión es evidente en los residentes cuando conocieron la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente frente a la solicitud de la autoridad ambiental regional al solicitarle individualizar al animal, permiso para capturarlo y analizar si puede contener alguna enfermedad que explicara su comportamiento.

La respuesta fue negativa, no hay recursos para reubicar o capturar al felino. De acuerdo con Alejandro Martínez, uno de los afectados, detalla que los residentes de Montaño tendrán que adaptarse a convivir con el puma, por lo menos hasta que Ministerio cambie el dictamen.

"Como comunidad lo entendemos, nos desconsuela, pero entendemos que es una realidad. Lo que nos parece complicado es que no tenemos una acción puntual para definir por qué el individuo se volvió un problema", declara Martínez.

Mientras se estudia la efectividad del protocolo de ahuyentamiento, la Defensoría del Pueblo le pidió a Corpocaldas que haga seguimiento a los reportes de los habitantes en un número de radicado que asegure que la solicitud de los afectados está siendo atendida.