La Policía interceptó ilegalmente el teléfono de Marelbys Meza, quien trabajó como niñera en casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y que dice haber sido interrogada en dependencias del palacio presidencial como sospechosa del supuesto hurto de un maletín con unos 7.000 dólares.

Así lo informó este jueves el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo en una rueda de prensa que ese organismo "no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron", por lo que la Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijin) "rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos", entre ellos el de Meza.

"Vamos a proceder a tomar las decisiones judiciales en los próximos días. Este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, sino que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos", añadió el funcionario.

La Fiscalía llamará a interrogatorio y "en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos" que involucran "un presunto hurto, unas prácticas que fueron denunciadas esta semana y que se añade a algo que es grotesco en el país, que es que las 'chuzadas'", como se conoce a las interceptaciones ilegales, "hayan vuelto a Colombia".

Según Barbosa, Meza fue interceptada ilegalmente porque su número fue puesto por la Policía dentro de una investigación por las operaciones del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, en el departamento selvático del Chocó (oeste).

De otro lado, la Procuraduría abrió una indagación previa contra la jefa de gabinete y otros funcionarios "para determinar cuáles son los hechos que podrían originar falta disciplinaria, y abrimos indagación por la situación planteada" contra ella y "más personas indeterminadas que, de acuerdo con las pruebas" pueden estar involucradas.

Responde la Policía

A través de un comunicado la Policía respondió al señalamiento del fiscal Barbosa: 

1. La noche de ayer, 31 de mayo, el director de la Dijin entrante le informó a al director general que en horas de la mañana un analista judicial de esa Dirección había acudido ante la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada.

2. El analista les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijin.

3. Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada.

4. Ante estas informaciones suministradas por el director de la Dijin, la Dirección General dispuso que la Inspección General adelantara las actuaciones de rigor.