LA PATRIA | MANIZALES

A poco más de una semana del inicio del cese al fuego por tres meses entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (Emc), el 17 de octubre, el coordinador del equipo negociador del Estado, Camilo González Posso, habló con LA PATRIA sobre sus expectativas del proceso de paz con esta disidencia de las extintas Farc.

González Posso calificó a la justicia transicional como un tema difícil pero necesario para que no haya impunidad en la mesa de diálogos que se instaló el 16 de octubre.

¿Qué se tiene previsto para el mecanismo de verificación del cese del fuego con el Emc?

El decreto dice que en la primera semana después de su promulgación se instalará el mecanismo nacional. Ya está funcionando un grupo de contingencia que está integrado de manera similar para que no exista ningún vacío mientras sale la suspensión de órdenes de captura de algunos de los integrantes del Estado Mayor Central Farc-EP. Además del mecanismo nacional, está previsto que se instalen cinco regionales y algunos locales en los sitios donde hay más historia de presencia de esta organización.

Bajo este Gobierno, los ceses al fuego se decretan, pero se terminan de reglamentar luego de los anuncios…

No, acá ya está reglamentado. Ya está funcionando el grupo de contingencias que cumple el papel de veeduría, monitoreo y verificación. Durante la semana que transcurrió entre el 8 y el 16, que hubo cese de acciones ofensivas, estuvo muy activo verificando situaciones en Cauca, en Balboa (Risaralda), en el sur de Bolívar, en Anorí (Antioquia). Intervino para solucionar problemas como retenciones o privaciones de la libertad.Hay un reglamento muy riguroso de compromisos, reglas y prohibiciones para las partes en cada componente.

¿Se ha hablado en la mesa sobre compromisos para la jornada electoral que se aproxima?

Sí. Ya ellos habían hecho una declaración unilateral de no interferencia en las elecciones, pero quedó dentro de los documentos de acuerdos y compromisos de manera expresa. Habrá contribución para que las elecciones transcurran en calma.

¿Qué tiempos hay planificados para las siguientes etapas del proceso de diálogos?

Este es un cese al fuego nacional por tres meses, hasta el 15 de enero del 2024. Durante la primera fase se montan los mecanismos de verificación y comenzarán las rondas de funcionamiento. Hasta diciembre tendremos tres rondas ordinarias y se harán las extraordinarias que se necesiten. Se ha acordado escuchar a las comunidades sobre la agenda y programas que están en curso para la transformación de economías ilegales. Sobre eso se ha llegado a algunos acuerdos.

¿Cuál es la prenda de garantía que llevó a ambos bandos a volver a sentarse después de la ruptura del cese al fuego por el asesinato de los niños indígenas?

Después de terminar el período del cese al fuego, el 30 de junio, las partes firmaron un compromiso de ir hacia la instalación de la mesa, que se había previsto para mayo, pero no fue posible por la suspensión que el Gobierno hizo a raíz de los hechos en Putumayo. Ya había un camino recorrido y una disposición a ensayar la construcción de la paz por un camino de cese al fuego y alivio para las comunidades. Se construyeron varios documentos en ese sentido y se fueron dando las condiciones, en medio de incertidumbre, desconfianza y demás, pero finalmente se llegó a la conclusión de que no hay mejor camino que experimentar la posibilidad de la paz sin paz.

Con las Farc también hubo ataques, pero se llegó a buen puerto cuando los negociadores se volvieron a sentar a dialogar…

Con las Farc comenzaron las conversaciones desde el 2011, incluso antes. Hubo charlas secretas y luego públicas. Desafortunadamente hubo pocos ensayos de cese al fuego, pero ese fue el esquema que utilizaron: nada está pactado hasta que todo esté pactado y negociar en medio de la confrontación y en el exterior. Este ha sido un ensayo distinto, negociar en medio de cese al fuego y compromisos humanitarios de aplicación inmediata. Además, hay experiencias de transformación territorial de economías ilícitas. Esperemos que esto nos resulte. Hay señales y están andando varias mesas. Colombia necesita en este Gobierno un cambio radical en la superación de las conflictividades armadas. 

¿Qué pretensiones políticas ha expresado el Emc?

Ellos han presentado enunciados programáticos con énfasis en cuestiones ambientales, de tierra, de ampliación democrática y territoriales. Algunos de ellos se basan en documentos que han sido parte de la historia de las Farc, como la ‘Plataforma Bolivariana’. Eso todavía no lo han presentado en la mesa como una propuesta de agenda. Los consideran elementos para la preagenda que deben consultarse. El acuerdo dice que se tengan en cuenta esos insumos y las propuestas para construir una agenda de fondo sin descuidar una agenda inmediata.

¿En la mesa se habló del comunicado en el que el Emc cuestionaba a Leonardo González, sobrino suyo y director de Indepaz?

Sí, en una de las reuniones mensuales ellos pusieron el tema a propósito de la necesidad de trabajar en la verificación y observación. Eso afortunadamente fue aclarado. Se encaminó por el lado de buscar mecanismos de verificación y distinguir la veeduría ciudadana y comunitaria de la verificación. Las organizaciones sociales y ONG contribuyen recogiendo la voz de las comunidades, de fuentes veraces. La investigación y la verificación les corresponden a las veedurías ciudadanas. Este criterio se definió también por otros casos.

Entre los asuntos más cuestionados del proceso están las acusaciones sobre ‘Iván Mordisco’. ¿Cómo legitimar el proceso de diálogos con una organización sobre la que recaen tantas acusaciones?

Todos estos dirigentes o figuras visibles de organizaciones con historias de construcción de grupos armados con propósitos políticos tienen historias largas con juicios, procesos, prontuarios y hasta condenas. Si sumamos las condenas de los dirigentes de las Farc, dan varias centurias. Ese no es un criterio para decir que no hay que negociar. Hay que negociar con personas que han cometido delitos a la luz del código penal y que tienen condenas. Lo que hay que definir es si la vía política, la solución dialogada, tiene validez o no frente a esas organizaciones. El Gobierno ha dicho que sí, que hay algunas organizaciones con las que el diálogo político es fundamental para terminar los alzamientos armados. Asimismo, ha dicho que otras no tienen carácter político y son calificadas como estructuras ilegales de alto impacto a las que la ley 2272 les señala un camino de sometimiento.

¿Cómo dar el mensaje de que dialogar no implica impunidad?

La justicia y los instrumentos judiciales y penales deben considerarse. En el caso de las Farc, solo 7 años después de las conversaciones se construyeron la JEP y los mecanismos de justicia transicional. En algún momento del proceso, tienen que colocarse en la mesa los instrumentos de justicia transicional que corresponden en un diálogo político. No se va a hacer un esquema de impunidad. La agenda, como en el diálogo con el Eln, estipula que se tratará el tema judicial. Es un tema difícil. Habrá necesidad de un camino que señale una vía de no impunidad para todos los que son actores en una situación de conflicto armado.