El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó este lunes el contrato para la fabricación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, la firma que se ha encargado de hacerlos durante 17 años, tras varios meses de polémica en los que la licitación fue suspendida varias veces.

El secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar, firmó la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.

La decisión se conoce apenas cuatro días después de que el Ministerio anunciara que se suspendió la nueva licitación para contratar la fabricación de pasaportes hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas a los pliegos preliminares por las partes interesadas.

El ministerio también había reasignado la competencia para dirigir esta licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaría de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.

Licitación polémica

La Procuraduría suspendió el pasado 24 de enero por tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.

Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, nombró como canciller encargado al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.

En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y Salazar por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.

El Ministerio indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.

Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.

Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que "se recurrió a la figura de urgencia manifiesta" para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía "la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista" para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.

Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares de hoy).