Jamás imaginé que en la mitad de este cuatrienio, destructor de cuánto habíamos logrado en los últimos 30 años, pudiese estar de acuerdo con quién dirige este estado caótico de cosas. Pues bien, Petro viene proponiendo un gran “Acuerdo Nacional” sobre el cual enfatizó el 27 de septiembre en su discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, convocada con ocasión de la jornada de movilizaciones en favor de su Gobierno.

Recientemente en la reunión  con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país, celebrada en la Casa de Nariño el pasado 4 de junio, volvió sobre el tema y dijo: “En medio de la violencia de los últimos 35 años hemos tenido una petición incumplida, una y otra vez, solicitando un gran acuerdo nacional”. Y aquí es dónde me identifico con él, de verdad que sí, y con mayor razón en estos momentos cruciales que vive el país, de un total descuadernamiento para utilizar la vieja frase del expresidente Carlos Lleras Restrepo. Un “Acuerdo Nacional” en el que la clase política, los empresarios, los gremios, los banqueros, los sectores universitarios y estudiantiles, logren poner fin a la desinstitucionalización que el actual Gobierno viene orquestando y en el que día a día  sentimos como, poco a poco, vamos perdiendo nuestra democracia en la que ya no existe el más mínimo respeto entre los poderes; Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Elegido Petro dentro de los cánones constitucionales como presidente de los colombianos, debe sin falta alguna terminar su período como corresponde en un país como el nuestro, de sólida formación democrática, debiéndose buscar que el “Gran Acuerdo Nacional” lo regrese al momento mismo de su elección y posterior juramento como primer mandatario de la Nación, para comprometerse sin discusión alguna a cumplir el mandato constitucional para el cual fue elegido, con apego absoluto a la Constitución, cuyas normas salvaguardaron su elección, y que obligado está a cumplir hasta el 7 de agosto de 2026.

Según las cifras entregadas por la Comisión de la Verdad, 700 mil asesinatos en 75 años de violencia, producto de la codicia y el poder, tienen necesariamente que llegar a su final y no prolongarse más como hoy está sucediendo, con la cruel arremetida de las disidencias de las Farc, Eln y bacrines, que día a día se adueñan de nuevos territorios de la geografía nacional. Un “Acuerdo Nacional” para poner fin al fracasado programa de la “Paz Total” impulsado por el Gobierno, que en su afán de cumplir con el “Pacto de la Picota”, regalo disfrazado de “perdón social”, saca criminales a la calle y de sobremesa les paga por no matar.

Irónico que la propia familia presidencial y hasta sus amigos más cercanos, ocupando cargos de importancia, sean los que hablen por sí solos con su proceder de las pretensiones presidenciales. 700 mil millones entregados por la UNGRD antes de las elecciones del 29 de octubre para aceitar la maquinaria en las elecciones de alcaldes y gobernadores, es un despropósito imperdonable que desdice de la buena fe del Gobierno.

Un “Acuerdo Nacional” para que las distintas ramas del poder público cumplan a cabalidad con sus obligaciones, en las que los jueces condenen con criterio jurídico y no político, sin hacerle juego a los tramposos abogados que los llevan en sus costosos pleitos y, en los que igual, se exija a los congresistas cumplir con honor y dignidad su altísima responsabilidad, para no ser comprados como vulgares delincuentes para votar como el Gobierno quiere, traicionando el querer mayoritario de sus electores. Un “Acuerdo Nacional” que comprometa al primer mandatario a nombrar personas competentes en los distintos cargos, evitando la improvisación en ministerios, entidades descentralizadas y embajadas. Un “Acuerdo Nacional” que priorice la ejecución presupuestal que en el presente año en lo que tiene que ver con inversión, traducida en gasto en infraestructura, tiene un rezago de 16 billones. El gasto de inversión es uno de los componentes más importantes para multiplicar el efecto de la inversión pública, reflejándose desde luego en un mayor crecimiento, pues peso invertido  multiplica la producción nacional, el salario y el empleo. En fin, un “Acuerdo Nacional” que ponga en cintura a un Gobierno que ve en el empresario al desalmado explotador de la clase trabajadora, asfixiando la empresa privada y el emprendimiento, dando como resultado la quiebra de miles de negocios y la pérdida por montones de puestos de trabajo. “Un Acuerdo Nacional”  para hacer entrar en razón al Gobierno de corregir las fallas del Sistema de Salud y no el arrasamiento del mismo, que nos ha costado 30 años en su construcción. Un “Acuerdo Nacional” para enderezar el rumbo equivocado y catastrófico de la Nación.