Con la aprobación del articulado de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes se intensificaron las alertas en los sectores políticos, económicos, gremiales y sociales, a más de las expectativas entre los actores que componen el esquema de aseguramiento y atención médica en el país. Y no es para menos, pues el texto aprobado en la Cámara y que hace tránsito al Senado, en el que sufrirá los dos debates reglamentarios, antes de convertirse en ley de la República, no corrige los errores existentes en su aplicación, sino que arrasa con todo lo construido en estos 30 años, que más bien que mal ha cumplido con los colombianos al cubrir el 95% de la población, 22 millones en régimen contributivo y 24 millones en el régimen subsidiado.

En el ranking de la prestigiosa revista The Economist, revelado en septiembre pasado, Colombia ocupó en el plano internacional el sexto puesto con el mejor servicio para la sociedad y lo destacó por su grado de inclusividad, que lo sitúa por encima de Estados Unidos, México y Brasil. Lo cierto y lo real, es que el sistema de salud nuestro es visto como referente en el mundo por su cobertura y bajo costo. Veníamos mejorando mucho en sus múltiples indicadores, con un modelo basado esencialmente en derechos, que nos situaba como un país con una menor carga de enfermedades, invirtiendo más en cobertura, tecnologías sanitarias y en recursos humanos.

El actual proyecto de ley elimina las EPS y crea la figura de los “gestores”, responsables de operar una red de prestadores de servicios que reemplazará al POS, pudiendo las actuales EPS transformarse en una de ellas. Al dejar las EPS de financiar y operar el sistema, este va a colapsar, porque la capacidad instalada actualmente es insuficiente. Resulta difícil de entender que la Cámara de Representantes, contra toda evidencia, haya dado su aprobación a una iniciativa que la mayoría del país considera lesiva y peligrosa y que, en el caso de Risaralda, representantes como Diego Patiño y Aníbal Hoyos, votaran afirmativamente su articulado, legislando a espaldas del querer ciudadano. Ahora que el proyecto llega al Senado, se espera que allí el debate sea limpio y transparente, donde la maniobrabilidad gubernamental no tenga el desastroso resultado de la Cámara, producto de las vergonzosas prebendas burocráticas y presupuestales entregadas.

Fueron al menos diez meses de intensas discusiones para salvar esta iniciativa, en donde los liberales, pese a haberla votado negativamente en su decisión de bancada, y tener la orden de no transgredir las líneas rojas trazadas por su Jefe Único, el expresidente Gaviria, no tuvieron reparos en aprobarla, ayudados por la también vergonzosa bancada conservadora, en la que su presidente, el senador Efraín Cepeda, pese a decir mentirosamente a todos los medios que el conservatismo no la aprobaría como en realidad no la aprobaron, sí se prestaron para mantener el quórum, siendo al final lo mismo. Una clase política que así actúa, de espa das al pueblo que los eligió, no merece continuar recibiendo el respaldo de la voluntad popular traicionada.

Continuar el expresidente Gaviria aferrado a la dirección de un partido que no lo atiende e irrespeta, no es más que continuar con el sainete al que los colombianos decentes asistimos, en el que el emperadorcito compra a sus lacayos en el Congreso, mientras estos se burlan del pueblo al que han jurado defender, envaneciendo con su actitud el ego inmenso del sátrapa que nos gobierna. La desinformación de este Gobierno es absoluta. Vive desconectado de la realidad. Así como pretende arrasar con un sistema de salud que opera, con fallas desde luego subsanables, el ministro Jaramillo Martínez, quien lidera la reforma a la salud, dijo que todos los colombianos vacunados contra la covid-19 sirvieron para el “más grande experimento” de la historia de la humanidad. Sus palabras fueron rechazadas por la comunidad académica, las asociaciones médicas y el país que las calificaron de desacertadas. Ante la lluvia de críticas, el presidente Petro salió en defensa de su ministro, asegurando que no era una calumnia, que sus declaraciones estaban sustentadas en los hechos. El exministro Juan Camilo Restrepo debió en días pasados referirse a un hecho similar, diciendo: “Vea pues, mientras Petro lamentaba que no se hubieran abierto suficientes unidades de cuidados intensivos durante la pandemia, ahora el Minsalud sale con la barbaridad de que se abrieron demasiadas por mero ánimo de lucro”. ¿Quién entiende a este Gobierno?