La comunidad debe tener plena confianza en sus instituciones, la cual genera mayor legitimidad en el ejercicio de sus actividades o funciones; sin embargo, esto parece no ocurrir al menos en nuestro país. Debe tenerse confianza, por ejemplo, en que el Congreso de la República al elaborar las leyes lo hace movido solo por el interés general. Igual debe acontecer con el ejecutivo, que es el que proporciona los servicios públicos en beneficio de la colectividad, en que administra el Estado con toda transparencia y pulcritud.

Esa confianza debe proyectarse así mismo a las Contralorías, encargadas de proteger el patrimonio público y los dineros del Estado; y lo mismo debe ocurrir con la Procuraduría General de la Nación, que se concibe como la ‘conciencia moral’ de la República, como quiera que vela por la ética de los servidores del Estado; y por supuesto también confianza en el órgano electoral, encargado de la pureza de los debates electorales. Desafortunadamente el cambio de las buenas costumbres políticas hacia intereses egoístas o particulares, han ido enrareciendo el ambiente y cercenando la confianza en la organización estatal, permeándola de malas prácticas en detrimento del ejercicio legítimo de sus tareas.

Pero la situación no queda allí. Esa confianza se pierde ante manifestaciones o sospechas infundadas o vagas sobre todo cuando son formuladas por líderes o dirigentes, y por supuesto, por el imaginario que se ha creado de manera injusta y generalizada en la comunidad, propiciando lentamente la deslegitimación de las instituciones y de sus servidores. Quizás el órgano de mayor grado de confianza (o el de menor desconfianza), dentro de nuestra organización política, lo sea hoy el poder judicial, indudable bastión de nuestra democracia, pero los comentarios que sobre el mismo se hacen, agravada con las excepcionales malas actuaciones de algunos de sus servidores, lo único que hacen es socavar la esperanza en este pilar de la democracia, y de paso, deslegitimando el trascendente ejercicio de dispensar justicia: Por eso llora la justicia.

Llora la justicia porque se le hace creer al país que una actuación suya está beneficiando o atentando contra un interés individual o colectivo. Llora la justicia cuando se le da un mensaje a la sociedad de que es preferible evadir la acción de los tribunales para buscar un órgano paralelo. Llora la justicia cuando algunos de sus voceros incurren en conductas corruptas, y huye de la acción de la propia justicia que decía impartir. Llora la justicia cuando se le echa culpa del fracaso de una parte dentro de un proceso judicial.

Llora la justicia cuando se le presiona para que adopte una determinada decisión. Llora la justicia cuando aspirantes a destinos públicos comprometen a sus representantes con atenciones. Llora la justicia cuando se aprovecha de la posición en la misma para solicitar favores. Llora la justicia cuando se somete a su conocimiento causas sin soportes fácticos ni legales. Llora la justicia cuando se ofrece o solicita dinero o cualquier prebenda, para obtener una decisión a su favor. Llora la justicia cuando se utilizan prácticas dilatorias con la finalidad de entorpecer el desarrollo de un proceso en la búsqueda de beneficios procesales. Llora la justicia…

Velemos entre todos por hacer respetar el estamento de la justicia, el último baluarte de nuestra democracia, se repite; erradiquemos las malas costumbres frente a ella para que siempre se mantenga incólume y firme, y no permitir que llore más la justicia.