Don José Manuel Bandrés Sanchez-Cruzat es un ilustre jurista Español quien desde el año 2003 ocupa el cargo de magistrado en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo de España, después de haber sido miembro destacado del Tribunal Superior de Cataluña, donde participó en importantísimas decisiones tales como la “normalización o inmersión lingüística”, que impuso en igualdad de términos la enseñanza del español y el catalán; y la de exculpación del presidente de la generalitat Jordi Pujol que ameritó un salvamento de voto suyo señalando que el lider debía tener recriminación penal. Este ciudadano, oriundo de Jaca, comunidad autónoma de Aragón, ha tenido una prolija producción jurídica que le ha valido el reconocimiento como uno de los jueces más dinámicos de la doctrina hispana. Doctor en Derecho, también ha tenido estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, así como en la escuela de Derecho Comparado de Estrasburgo y en la facultad de Jurisprudencia de Urbino en Italia; igualmente ha sido, durante 11 años, profesor de derecho constitucional en la universidad de Barcelona; su formación judicial data desde el año 1980 cuando empezó a oficiar como juez. Dentro de sus publicaciones se destacan, “Los desafíos de la justicia contencioso-administrativa del siglo XXI”, donde el jurista generosamente me hace una honrosa mención; “Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos”; “Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional”, a cuyo lanzamiento tuve el honor de asistir, por su invitación, en la sede del Tribunal Supremo en Madrid;, y la más reciente publicación “El derecho a la ciudad y al buen gobierno urbano” (edit. Marcial Pons); es presidente de honor del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y siendo presidente del Comité de Sabios se redactó la Carta Europea de Derechos Humanos; es fundador de la asociación progresista “jueces y juezas para la democracia”. Recientemente fue candidato único al Tribunal Constitucional, postulado por los 8 progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), minoría en este órgano de gobierno de los jueces, y a cuya postulación se opusieron cerradamente los 10 conservadores (Partido Popular) integrantes del mismo cuerpo administrativo conformado por 20 Vocales (tenía dos vacantes para el momento) y el presidente del Tribunal Supremo, bloqueando así su llegada a la corte guardiana de la constitución española.
Y es que ha sido mucha la polémica que se ha dado en ese país de la península ibérica con ocasión de la que, se ha dado en llamar, desinstitucionalización del poder judicial, debido al vencimiento del período, desde el 2018, del actual Consejo General elegido en en el 2013, -tal como sucedió en una época en nuestro Consejo Superior de la Judicatura-, del que, por el mismo motivo, se ha cuestionado su legitimidad jurídica para postular candidatos, así como por la falta de postulación oportuna de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, los cuales tenían igualmente ‘caducado’ su período desde septiembre de 2022. Ante el sólido bloqueo al candidato único de los progresistas, estos cedieron a la postulación de una magistrada, así mismo progresista y perteneciente también a  la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.
Eso coincide con lo que ha sucedido en nuestro país, donde connotados juristas como Rodrigo Uprimy, Rodolfo Arango y Eduardo López Medina, entre otros, de reconocido bagaje jurídico, vieron igualmente frustradas sus aspiraciones de llegar a una magistratura en la Corte Constitucional. Pero ese es el juego de la democracia, así resulten sacrificados eminentes jusristas, como aconteció tristemente en su época con Hans Kelsen con el Tribunal Constitucional de Austria.
Sería interesante copiar del modelo español la alta representación que tienen los jueces en el CGPJ, los que poca, por no decir nula participación han tenido en el Consejo Superior de la Judicatura colombiano no obstante el origen de sus magistrados (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional). En Colombia también debemos mejorar, y en mucho, la escogencia de los magistrados de las altas cortes, incluidos los del Consejo de la Judicatura, y seguramente que ello contribuirá, en grado superlativo, a la auténtica institucionalización y legitimidad de la rama judicial.