Lento pero seguro va el Gobierno con su proceso de la modificación total de la seguridad social en el país. Recientemente tomó el control de la Nueva EPS, que es de lejos, con sus más de diez millones de afiliados, la mayor prestadora de este servicio en el país.
Petro estuvo muy afortunado al encontrarse con una EPS con tantos afiliados. Al presidente este alto número de vinculados le sirve enormemente para llevar a cabo su propósito de convertir esta entidad en el nuevo “Instituto de los Seguros Sociales”, empresa estatal que funcionó hasta principios de los noventa, que se encargaba de atender la salud de 25% de los colombianos con un pésimo servicio y un alto nivel de corrupción. Hay que dejar en claro que el porcentaje restante de los colombianos se atendían por caridad en los centros de salud y hospitales o particularmente.
La propiedad de la Nueva EPS está repartida entre tres cajas de compensación familiar y el Gobierno nacional, siendo mayoría las primeras. La Junta Directiva la conforman tres miembros de las cajas y dos de la Nación. El Gobierno usó todo su poder presionando y hasta amenazándolas con intervenirlas, logrando con esto el cambio del director que llevaba catorce años en el puesto y que fue el principal gestor del logro de posicionar a la institución al nivel que comenté anteriormente.
El recién nombrado director de la Nueva EPS es un viejo aliado del presidente Petro. Para su nombramiento el Gobierno requirió el cambio de los requisitos para que encajaran a su hoja de vida y sus estudios realizados -lo que entre otras, se ha convertido en una constante en este Gobierno y que ha traído consigo el nombramiento en altos cargos públicos a personas con bajo nivel de formación y con poca experiencia-. Este director trabajó con el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá y no le fue bien en los cargos que desempeñó, caracterizándose por ser un funcionario incapaz e ineficiente.
Petro convirtió la reforma a la salud en un “botín de guerra”. Está luchando por todos los medios posibles para sacarla adelante. Aunque lo mismo se puede decir va a pasar con la reforma laboral y con sus otras reformas sociales que está impulsando. Ojalá fuera así su dedicación para lograr la recuperación económica del país.
Mientras se tramita la reforma a la salud en el Congreso, cuyo tránsito fue muy lento en la Cámara de Representantes, esta se encuentra en el Senado del que muy seguramente al final saldrá aprobada antes de mitad de este año para evitar que sea archivada por vencimiento de términos. De allí pasará a sanción del presidente y el país quedará expectante del resultado de las muy seguras demandas que serán presentadas ante la Corte Constitucional.
Mientras tanto, el presidente sigue con el proceso de atacar a las EPS que están en funcionamiento, debilitándolas económicamente y procurando que las que entren en crisis o estén en causal de liquidación, sus afiliados se pasen a la Nueva EPS.
Sin lugar a dudas hay puntos en el manejo de la salud que hay que atender y que no necesitan una reforma tan drástica, como son: la prevención de la enfermedad, que consiste en la atención primaria y preventiva de la salud; acabar con la integración vertical, con lo que se evitaría que las EPS sean dueñas de clínicas, laboratorios clínicos y centros de imágenes diagnosticas, terminando con los monopolios; y terminar la intermediación en los pagos, lo que disminuiría los costos y daría agilidad a los desembolsos.
La terquedad del Gobierno, su poco interés en concertar los ajustes con las EPS y no tener claro cómo va a ser la transición al nuevo modelo puede llevar al país a una crisis sanitaria muy fuerte, que podría ser aún más complicada que la de la pandemia.