Durante el tiempo que lleva en el ejercicio del poder el presidente de la República son varias las novelas que se han escrito y otras tantas las que se están escribiendo. Una de ellas son las concesiones viales.  Todo apunta a que el Gobierno no está interesado en hacer nuevas contrataciones bajo esta modalidad.  Además, el año pasado cometió un error garrafal que fue no haber ajustado el valor de los peajes, lo que puso en riesgo la estabilidad económica de los contratos firmados y la seriedad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la Nación. Por lo pronto,  este año, el Gobierno está corrigiendo esta decisión.  En enero hizo el primer reajuste en los peajes y tiene otro programado para junio.  
El Gobierno no está de acuerdo con el cobro de los peajes para pagar la construcción o el mejoramiento de las carreteras del país.  Su propuesta es que estas se financien por el sistema de valorización -sistema que se aprobó en  la administración Santos-. Los estudios de los derrames y el atraso en que se encuentra el catastro rural  hacen prever que la implementación pueda tardar entre 4 y 5 años. 
Las concesiones contratadas desde los años 90 han servido mucho para actualizar la malla vial del país.  Ante la escasez de recursos, el Estado tuvo que recurrir a inversionistas nacionales e internacionales para  financiar las obras civiles.  El 30% del valor de las concesiones los aportan los peajes y el valor restante lo paga la Nación, mediante la figura de vigencias futuras a 20  o 30 años.  En resumen, las concesiones son un crédito que adquiere la Nación para construir obras públicas.     
Son tantos los compromisos y obligaciones financieras que tiene el país, que cuando el Gobierno fue a liquidar el presupuesto a finales del año pasado -después de casi un año y medio en el poder-,  se dio cuenta de que le quedaba muy poca plata disponible, por lo que decidió reservarse unos recursos  para manejarlos a su antojo. Decisión ilegal, que tuvo que corregir a marchas forzadas.  Hay que esperar a ver cómo  va a manejar el tema  a finales de este año. 
La novela de los pasaportes cada día se vuelve más apasionante. La cadena de errores y desaciertos se inició desde el Gobierno pasado con el aplazamiento de la licitación del suministro de las libretas.  La actual administración se demoró en el inicio del trámite. Cuando tenía  todo listo para adjudicar el contrato, la Presidencia  ordenó la  suspensión de  la adjudicación.  Inmediatamente se firmó un nuevo contrato para evitar que el país se quedara sin libretas de pasaporte, mediante la figura de “urgencia manifiesta” e inició un nuevo proceso de licitación.  Nuevo proceso que también  tuvo que suspender.  
Para resolver las dificultades que se estaban presentando, el canciller encargado  le delegó las facultades al secretario general del Ministerio -que era muy cercano a Leyva-  para que realizara todo el proceso de la licitación y adjudicación del contrato.   El secretario, que entre otras había estado involucrado en todos los procesos anteriores, tomó la decisión  de  revertir todas las actuaciones que se habían dado y adjudicar el contrato a la firma que lleva más de 13 años haciendo la actividad.  
La Presidencia definió la actuación del secretario  como una traición a la patria y manifestó categóricamente que ese contrato no se va a perfeccionar.  En medio de este proceso, apareció un “hacker”, que supuestamente fue contratado por el canciller Leyva, para que, según se dice, atacara y desprestigiara  a los beneficiarios de la licitación de los pasaportes.  Hacker que según trascendió a la opinión pública está chantajeando al ministro.  
Hay que tener en cuenta que estos contratistas encargados del manejo de los pasaportes, son también los encargados del manejo logístico de los procesos electorales que se  llevan a cabo en el país y ahora son víctimas de ataques de la  Presidencia, bajo el argumento de que las próximas elecciones están amenazadas.  
Mientras tanto, salió a la luz pública la compra de unos carrotanques para que surtieran de agua a las comunidades de La Guajira.  Fueron escasas  ocho horas en las que  se hizo la convocatoria, se presentaron las propuestas y se adjudicó la compra. El valor del contrato  fue de 46.000 millones de pesos.  Cifra muy superior a la de los precios del mercado.  Camiones que además, no están en condiciones de  transitar por el desierto guajiro.  El Gobierno tuvo que salir a marchas forzadas a  demandar penalmente, al hoy exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Al paso que vamos, seguramente habrá más acciones del Gobierno que nos hagan pensar en más novelas.