La tragedia física y psicológica que muchas y muchos colombianos han padecido por la aplicación indebida de sustancias modelantes no permitidas en procedimientos estéticos, está a punto de llegar a su fin gracias al proyecto de ley que penaliza y regula el uso de biopolímeros en Colombia. Se trata de una iniciativa que hemos venido liderando desde La U y que ya alcanzó su aprobación en tercer debate del Senado.
Desde hace muchos años los biopolímeros, que son sustancias sintéticas, han sido objeto de crítica por parte de expertos en salud quienes han señalado que su uso en las personas está contraindicado ya que afectan tanto tejidos como órganos vitales, generando daños irreversibles e incluso, pueden causar la muerte. Además, estos tratamientos estéticos suelen realizarse en sitios donde no se cumplen medidas sanitarias y en los que los pacientes no son bien informados sobre cómo lo harán.
Lo que ha venido sucediendo a continuación para las víctimas de estos procedimientos es que no pueden acudir a su respectiva EPS para buscar mejorar su situación, ya que son rechazados por haber tenido un tratamiento estético. Para completar su angustia y frustración, muy pocas veces los responsables de estas malas prácticas son sancionados.
Ante este panorama, el proyecto de ley plantea incluir en el Código Penal colombiano el delito de lesiones personales por sustancias modelantes no permitidas. De este modo, las personas que con mala intención las apliquen podrán recibir condenas que oscilan entre los 20 y 120 meses de cárcel.
La norma además establece que el Ministerio de Salud deberá asumir la caracterización de las víctimas de biopolímeros en el país. Con dicha medida se busca contar con un registro oficial de este fenómeno. Actualmente, no se tienen cifras sobre cuántas víctimas hay en Colombia ya que, por un lado, el fenómeno no era considerado como un problema de salud pública y por otro, muchas personas no acuden al sistema de salud ni denuncian porque sienten vergüenza y porque saben que no serán atendidos.  
Otro aspecto importante de la medida, es que establece que el Invima deberá presentar el listado de sustancias permitidas a nivel nacional. De esta manera las personas podrán saber cuáles de ellas son las que se pueden aplicar en el cuerpo humano sin generar riesgo para sus vidas y se podrá regular su comercialización.
Finalmente, la iniciativa propone que el Sistema de Salud garantice a quienes han sido víctimas de estos procedimientos el derecho a la salud y a la vida, asumiendo sus tratamientos, el suministro de medicamentos, además del tratamiento psicológico. Adicionalmente, las Secretarías de Salud deberán desarrollar campañas para prevenir que más personas sean víctimas de este tipo de tratamientos estéticos.
Si bien, a través de los medios de comunicación la opinión pública sólo se entera de casos de malas prácticas ocurridas a gente famosa o reconocida, son miles las víctimas anónimas que han sufrido en silencio esta tragedia.
Como médica, considero que la aprobación de esta Ley resulta fundamental para defender los derechos de personas cuyo derecho a la salud ha sido vulnerado y contribuye a mejorar su calidad de vida. Por eso, a lo largo de mi trayectoria pública he desarrollado y apoyado diversas campañas buscando prevenir que más personas sean víctimas.
Ahora, con el impulso de este proyecto de ley, desde La U reafirmamos nuestro compromiso de escuchar a las comunidades para actuar. Esta vez, para buscar soluciones concretas a una problemática de salud que viene afectando a millares de colombianos. De esta forma demostramos que, si trabajamos unidos, podremos sacar adelante todo lo bueno que tiene Colombia.