El Gobierno sigue empeñado en marchitar todos los sectores estratégicos para el crecimiento económico y la generación de empleo. Cualquier asomo de iniciativa privada se ve con desconfianza, y sus inversiones no son bienvenidas en sectores claves como la minería, la infraestructura, la salud, la vivienda, la educación y, por supuesto, el sector de hidrocarburos. Pero en el tema del gas vale la pena detenerse y prender todas las alarmas por sus implicaciones para la industria y el transporte y, sobre todo, por las consecuencias fiscales y sociales.

Los anuncios del Gobierno en cuanto a la caída de las reservas, las necesidades crecientes de este energético y la necesidad de importar gas de Venezuela son verdaderamente alarmantes. Por esta vía Colombia va a perder su autonomía y suficiencia energética y quedará sometida a la voluntad del régimen de Maduro. No hay derecho.

Las reservas probadas representan un autoabastecimiento de 7,2 años, lo que quiere decir que si no adicionamos reservas en este plazo tendríamos que importar la totalidad de la demanda nacional de este combustible. Lo que está en juego es la atención de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural, el 84 % de ellos ubicados en estratos 1, 2 y 3.

Por eso resulta urgente que el Gobierno Nacional adopte todas las decisiones de inversión, regulatorias, ambientales y sociales, para acelerar el desarrollo de los proyectos que ya han sido identificados, comenzando por los campos en tierra firme de la costa Atlántica y del piedemonte llanero. Con tan solo conectar los campos de la zona entre Jobo y Bosconia bastante avanzaríamos, y a ello habría que añadir la urgencia de ampliar la capacidad de transporte de Barranquilla al interior del país y del piedemonte al gasoducto central de TGI. Para incorporar reservas existentes.

Un segundo frente que recibió gran despliegue mediático hace un par de años fueron los hallazgos de los campos costa afuera Uchuva, operado por Petrobras y Purple Angel, en Córdoba, costa afuera a cargo de Shell. Estos campos requieren licencias ambientales, desarrollo de infraestructura de transporte de gas, y señales regulatorias que faciliten su comercialización. Los desarrollos tomarán años, pero lo crítico en mi opinión son los costos asociados a aquellos y que podrían ser tan altos que el gas resultante no sería competitivo. Pero, insisto, de no protocolizarse las consultas previas en el primer trimestre del 2025, como me temo que ocurrirá en este gobierno, ni siquiera podremos soñar en disponer de ese gas en 2028.

Y, por último, la importación de gas. Siempre es una alternativa que aporta seguridad de abastecimiento, pero por supuesto a precios mucho más altos, como los que hemos tenido que pagar en la regasificadora de Cartagena, que superan los 800 millones de dólares. Importar gas de Venezuela tendría que ser la solución óptima por cercanía, existencia de infraestructura, reservas y precios. Pero la seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a las bravuconadas y los caprichos del dictador Maduro. Recordemos que ya Venezuela en 2015 incumplió el contrato para exportar gas a Colombia.

La Creg debe flexibilizar las reglas de comercialización para gas local e importado, igualmente debe aprobar las tarifas de transporte que faciliten el flujo del gas en todo el territorio nacional, los cargos de transporte con agregación de tramos solicitado por los transportadores y también los cargos de distribución en trámite desde hace varios años.

La Anla debe expedir las licencias ambientales para la producción de gas natural ya descubierto, y el Ministerio de Minas y Energía, la ANH y el Mininterior, mitigar la conflictividad social en el piedemonte llanero (Saravena y Tame, en Arauca) y acompañar los procesos de consulta previa para que cierren dentro de los cronogramas previstos.

Inútil volver a la discusión del ‘fracking’, a la que este gobierno renunció, enterrando la posibilidad de desarrollar más de 12 contratos que podrían aportar el gas que Colombia necesita con urgencia. Costosa decisión ideológica. Una última consideración: seguir con esta desidia e inactividad también en este frente tendrá unos costos incalculables para el país, comenzando por los 1,38 billones que por conceptos de regalías se recaudaron en 2023. Urge actuar ya. ¿O será que precisamente eso es lo que no quieren?