Empieza ya a destaparse en Medellín lo que seguramente ocurrió también en muchas alcaldías y gobernaciones. Por eso es necesario aplaudir el esfuerzo y la decisión de Fico Gutiérrez de investigar y denunciar más de 500 casos de irregularidades y hallazgos vinculados a temas de corrupción encontradas en la administración del alcalde Quintero y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.
Mucho ya se había advertido sobre el caso de las Empresas Varias con el manejo de las basuras, también en la Empresa de Desarrollo Urbano, en Metroplús y en el programa de computadores para el futuro, donde presuntamente se robaron miles de millones de pesos. Con el famoso Presupuesto Participativo (PP), ya se tienen evidencias del favorecimiento en la contratación a 18 corporaciones con las que era perentorio contratar hasta montos “menores” por debajo de 25.000 millones (¿qué tal?).
Como en este caso ya se sabe cuáles eran y quiénes las controlaban, bueno sería que la Alcaldía las pusiera en evidencia. El autodenominado PP también metió la mano en el Inder con otras “corporaciones” para el suministro de elementos deportivos. Y hay de todo: eventos ficticios y desviación de fondos a campañas. Qué decir de la Clínica de la 80 y los millonarios contratos de comodato celebrados con Saludcoop, que se encontraba inhabilitado, hasta la funeraria que iba a convertirse en parque, cayó.
Me haría interminable, pero no puedo dejar de mencionar el lote Aguas Vivas, que compró la alcaldía por 2.711 millones en 2019, pero luego se reconoció en 2021 al vendedor, en acta de conciliación, un ajuste de 40.500 millones. Lamentablemente para ellos, el Tribunal de Antioquia y luego el Consejo de Estado impidieron el negocio. Hasta la chatarra se convirtió en negocio. Nada se salvó.
Pero lo más delicado está por conocerse y es lo ocurrido en EPM y sus filiales, en particular Afinia, que opera la distribución de energía en la costa Caribe y donde los recursos hoy en investigación ascienden a más de 1,8 billones de pesos.
No dejo de preguntarme dónde andaba la Fiscalía durante estos, al menos, 4 años. Que yo sepa, nadie ha sido imputado y en nada avanzan las investigaciones. La sociedad entera espera conocer los resultados y sobre todo sanciones para los responsables.
¿Y en qué andaba la Procuraduría? En nada, por supuesto. De ninguna investigación sobre estos casos conocemos resultados. Cuándo el país y el Congreso debatirán sobre el futuro e incluso sobre la posibilidad de eliminar esta innecesaria e inoperante entidad. Bien haría está en al menos darnos alguna razón para mantenerla, y por supuesto, la Contraloría General tampoco se escapa a esta preocupante dinámica.
¿Qué es lo que sucede con los entes de control? Nadie entiende. Centenares de procuradores judiciales, contralores delegados y un ejército de funcionarios que nos cuestan anualmente más de 8,8 billones de pesos no dan ningún resultado, todas sus investigaciones conducen a nada, todo se queda en declaraciones mediáticas. ¿Qué poderosos lobistas interceden en estos procesos?
En medio de esta tragicomedia de las temibles ‘ías’ el corte de cuentas decretado por el alcalde Fico Gutiérrez debería servir de ejemplo para que todos los alcaldes, en especial los de las ciudades capitales, se movieran en la misma dirección.
Me pregunto qué estarán esperando el alcalde Eder en Cali y los alcaldes de Bucaramanga, Manizales, Santa Marta, Sincelejo y Soacha, entre varios más, para hacer lo propio y proceder a entablar las denuncias públicas y ante las autoridades de los desmanes, abusos y saqueos que encontraron en sus ciudades. Es indispensable hacer ese corte de cuentas y desenmascarar a esos adalides de la transparencia que dirigieron nuestras ciudades también en nombre del cambio y el progresismo.
Lo increíble es que terminaron su periodo y se fueron tan campantes y muertos de la risa a disfrutar de sus fortunas mal habidas. Se fueron a continuar haciendo política y a seguir robando en muchas alcaldías en donde impusieron a sus sucesores. Y pronto los veremos otra vez de candidatos, gracias a este régimen de impunidad. Ojalá esta cruzada lanzada en Medellín consiga extenderse a todo país y evitar que este contubernio de política y saqueo termine contagiando aún más todo el ejercicio de la política nacional.