Ante las diferentes versiones sobre el incumplimiento del programa de vivienda del gobernador Luis Carlos Velásquez, nos dimos a la tarea de profundizar en la fuente documental y nos encontramos con la sorpresa de que, sin ser falso lo que se comunica y difunde, el fondo sí es diferente, explicable y lógico.
El sector de la construcción está atravesando por uno de sus más delicados momentos, pues la inseguridad provocada por el gobierno Petro tiene a las constructoras privadas en estado crítico y a los programas de vivienda oficiales en cuidados intensivos. Camacol Caldas tiene un inventario de 1500 viviendas ofertadas por grandes, medianas y pequeñas firmas constructoras que fundaron sus inversiones en el otorgamiento de subsidios del gobierno, que a última hora fueron cancelados y, por esa causa, sus clientes rescindieron sus negocios desequilibrando los presupuestos de las constructoras, y poniéndolas en peligros económicos.
Desde la óptica del adquiriente de vivienda el problema es también de magnitudes incalculables. Miles de inversionistas que han venido depositando mensualmente sus ahorros en fiducias para completar la cuota inicial de su casa o apartamento, adquirir un crédito bancario y acceder al subsidio prometido, tienen hoy que sacrificar parte de esos ahorros en pagos de multas y desechar la idea de adquirir su vivienda, pues la reculada del gobierno convierte en impagable su propósito habitacional, amén de que los bancos cierran sus puertas pues, al perderse los subsidios, el equilibrio financiero se resquebraja.
Y entonces comprendemos lo que pasa con la Gobernación de Caldas y su programa bandera de las Mil viviendas. El proyecto obligaba a que existiera una simbiosis perfecta entre los diferentes actores para desarrollarlo en toda su extensión. Los municipios interesados (que al día de hoy son catorce) tenían que aportar el lote, más $ 10 millones por cada vivienda; el gobierno nacional aportaba hasta 30 SMMLV en subsidio del programa Mi Casa Ya; la gobernación, $ 39 millones y en algunos casos también los lotes; y $ 5,5 millones provendrían del sector financiero como crédito hipotecario. Los municipios y la gobernación garantizaron sus aportes de manera efectiva para viabilizar la proyección financiera y acceder a los cupos del gobierno nacional, advirtiendo que los valores están protegidos en fiducia con destinación específica para cada proyecto municipal, y tanto los dineros como los predios adquirieron carácter de inembargables. 
Quedaba faltando el aporte de los subsidios del gobierno nacional para concretar la construcción de las viviendas programadas. ¡Y ahí fue Troya! Cuando se desacelera el otorgamiento de subsidios, se produce el desequilibrio en los programas de vivienda y viene la demora en su construcción. Entonces, como en el sector privado, se presenta la parálisis del proyecto y se desprende una andanada de especulaciones mediáticas y politiqueras generando un pánico que solo trae perjuicio al departamento, a los municipios aportantes y a los aspirantes a vivienda propia.
Pero, ¿cuál es la realidad entonces? El programa sigue su marcha y ante la improbabilidad de que se haga entrega del total proyectado en esta administración, quedará como herencia para el próximo gobernador y será una bendición para los beneficiarios que siguen esperando ver sus sueños hechos realidad. 
Y sobre lo invertido hasta el momento, ¿qué hay para decir? Que todo proyecto de inversión requiere unos gastos preoperativos que, al final, son absorbidos por el programa global; son gastos que se tienen que realizar para la estructuración del proyecto y que, sin ellos, es imposible llevarlo a cabo. En conclusión, cuando se escudriña en las causas se llega a una explicación que permite tranquilizarnos y hacer un llamado a evitar satanizar este proyecto que es una solución efectiva para miles de caldenses.
Advierto, para que no se desgasten en ofenderme, que esta no es una defensa del gobernador, pues él tendrá sus métodos para explicar lo que le corresponda. Pero sí es un llamado a que cesen las especulaciones, pues los intereses politiqueros no pueden llevar al traste un programa de vivienda que se convirtió en la mayor ilusión de cientos de familias y que hoy, gracias a una gestión efectiva, está financiado y garantizado.