¿Habrá algún colombiano que no quiera la paz? ¿Habrá alguien que no aspire a vivir tranquilo, sin asedios de criminales, sin temor de ser secuestrado, hurtado o asesinado? La respuesta es categórica: ¡No! ¿Y habrá alguna persona que se sienta cómoda con el poder que han adquirido los criminales y la impunidad que se les ha generado? ¡Sí! Los delincuentes que hoy gozan de una promesa de impunidad total y que esperan el cumplimiento de los compromisos de campaña de Petro para salir a disfrutar libremente del poder que les representa el dinero conseguido, el imperio territorial arrebatado a miles de colombianos, y la garantía de que, en lugar de ser castigados, serán premiados y rodeados de privilegios y prebendas.
Eso es precisamente lo que queremos evitar millones de colombianos: la impunidad; que se desconozca a las víctimas; que la trampa y los procedimientos soterrados se impongan; y que a través de la trapisonda se sigan minando las instituciones.
Esta es una de las razones por las cuales, quien esto escribe, demandó ante la Corte Constitucional la ley 2272 o de Paz Total, que es la columna vertebral del plan de impunidad en el que se empeña el gobierno Petro. Para resumir lo sucedido, tenemos que advertir que el texto de la ley sufrió alteraciones significativas e intempestivas dentro del trámite legislativo, evitando así que unos de los aspectos más sensibles (impunidad total, indulto o amnistía para quienes decidieron volver a delinquir después de haber sido beneficiarios de procesos de paz anteriores) fueran discutidos en comisiones y en plenarias, introduciéndolos a última hora a espaldas del congreso y, por supuesto, del país. Y esta violación, por sí sola, es razón jurídica para que la Corte declare su inexequibilidad.
Pero hay un aspecto de fondo que es mucho más importante: la violación de los derechos de las víctimas y el desprecio por esos millones de personas que sufrimos desplazamientos, atropellos, intimidaciones, amenazas, atentados, secuestros, violencia física y sicológica, asesinatos y degradación social. Porque en los procesos de paz anteriores (por ejemplo, el acuerdo de La Habana) se plasmó la necesidad de sacrificar, por una vez, los derechos de las víctimas en aras de obtener la paz, como principio constitucional de imperativa protección. Es decir, se adujo en su momento que el sacrificio de los derechos de las víctimas encontraba justificación en el propósito de la paz y, en esa virtud, el propio Estado declinó los mencionados derechos para otorgarles garantías a los terroristas que se comprometían a dejar las armas, entregar verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Y bajo estos preceptos se firmaron los acuerdos.
Y la realidad fue otra: parte de los grupos beneficiados con impunidad, inmunidad y privilegios, decidieron despreciar lo concedido y regresar a sus tropas (no desmovilizadas) a delinquir, narcotraficar, secuestrar, asesinar, mutilar, violar y atentar contra la vida, honra y bienes de los colombianos. Y es a ellos, precisamente, a quienes el gobierno Petro pretende volverles a entregar impunidad, perdón, indulto o revestirlos de nuevos privilegios, a través de los textos ilegalmente incluidos en la ley que hemos demandado. 
¿Y qué necesidad tenía el gobierno Petro de incluir ocultamente textos en la ley, cuando contaba con las mayorías aplastantes en el congreso en el momento de su aprobación? Y la respuesta es tan obvia como degradante: porque son textos que, de presentarse ante la sociedad recibirían el rechazo inmediato, y de presentarse abiertamente ante el Congreso, recibirían el repudio hasta de los propios amanuenses del gobierno. En resumen: porque son textos vergonzosos, injustos, perversos y cuyas consecuencias ningún congresista en sus cabales se atrevería a aprobar. Por eso se recurre a la trampa, al subterfugio y a la ilegalidad.
Estamos hoy pues en manos de la Honorable Corte Constitucional en cuyo seno reposa ponencia positiva del H. Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y que esperamos sea acompañada por el pleno de la Corporación. Ojalá podamos salvar a Colombia del cobijo legal al dominio del terrorismo y la delincuencia. ¡Colombia espera ansiosa su decisión, señores Magistrados!