En Colombia está a punto de ocurrir algo que nos avergonzará ante el mundo civilizado porque jamás podría suceder en un país que funcione con un mínimo de respeto por las áreas naturales protegidas.

Me refiero a que la Armada ya inició la construcción –inconstitucional, por supuesto– de una base militar en el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, no obstante ser único en Colombia y el mundo. Porque la isla combina una incomparable riqueza de fauna y flora terrestre con una riquísima vida marina, fenómeno apenas explicable porque como prisión que fue sufrió daños ambientales, pero, a su vez, se protegió durante 23 años.

Y porque, desaparecido el campo de concentración que en verdad hubo allí, lleva 38 años como un parque natural público, controlado por el ministerio de Ambiente, en el que, hasta hace muy poco, no hubo ninguna actividad incompatible con cuidarlo con todo rigor científico. Por lo excepcional de esta historia, Gorgona también es única en la tierra.

Pero estamos a días de iniciarse en Gorgona la construcción de un enorme muelle y una amplia base militar que destruirá la característica primordial de la isla y su relación con su mar, única en todo el Pacífico colombiano. Y que la pondrá bajo el control de la Armada y el ministerio de Defensa, que no tienen como misión legal el cuidado ambiental, como sí la tiene el ministerio de Ambiente.

¿Cómo explicar que este crimen como de película de terror se esté ejecutando en Colombia, no obstante el rechazo de la comunidad académica, entre ellas, el Consejo Nacional Científico asesor del parque natural Gorgona (1) y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?

Fácil. Porque la base de la Armada Nacional, con sus tropas, su muelle y sus barcos, más lo que se les ocurra montar, son para protegerle un radar a las fuerzas armadas de Estados Unidos, país que financia este golpe al patrimonio natural y medioambiental de Colombia y nuestra soberanía nacional.

Con razón, el reconocido científico colombiano Ernesto Guhl se preguntó si la base de la Armada –sin radar gringo, por supuesto– no habría podido instalarse en otro de los 1.300 kilómetros de la costa colombiana sobre el Pacífico.

Tan vivimos un atentado contra Colombia que la licencia ambiental avergüenza a la ANLA –que se supone protege el ambiente nacional–, porque es obvio que debió negarla. Pero no solo la otorgó, sino que además la tramitó en apenas 29 días y la aprobó el 31 de diciembre de 2015, fechas muy apropiadas para los torcidos en este país. Tan actuaron de mala fe que la comunidad científica apenas se enteró de este despropósito un año después y que desde 2020 el ministerio de Ambiente no nombra director en Gorgona, con lo que los militares de la Armada hoy mandan en el parque y mandarán después si montan la base y el radar.

Lo positivo es que este atentado puede evitarse con facilidad. Porque las obras están empezando y no fueron decididas por el actual gobierno sino por los dos anteriores, que aquí sí actuaron como hermanitos. Luego Gustavo Petro, con el debido aplauso de Susana Muhamad, su ministra de Ambiente, y como jefe supremo de las fuerzas armadas de la República de Colombia, lo único que tiene que hacer es dar la orden de parar la construcción de la base militar, el muelle y el radar y de devolverle Gorgona al ministerio de Ambiente.

Los colombianos debemos llamarlo a tomar estas decisiones.