“El que no defiende lo que tiene, no merece tenerlo”, dice la lógica elemental. El país les pertenece a los ciudadanos y no a gobernantes ocasionales. Por el contrario, éstos son súbditos de los legítimos dueños, puestos los mandatarios donde están por decisión democrática de las mayorías, en elecciones libres. Otra cosa es que la norma, impuesta como de obligatorio cumplimiento en la Constitución Nacional, se traicione con actos de corrupción, o por la fuerza, como sucedió en el siglo XIX, cuando en la cúpula política había más generales que doctores y estadistas. No obstante, al margen, ha existido una vocación creativa en el sector privado gracias a la cual el país ha sobreaguado con éxito, pese a los costos de las guerras estériles, la subversión y la inseguridad, que es el fantasma que asusta en los últimos tiempos, de lo que los políticos, llegados al poder, parece que se desentienden, dedicados a sobresalir en lo personal, más que a servir a los gobernados en lo esencial. En Colombia se ha evolucionado positivamente en información general. Aun las comunidades más aisladas tienen un mínimo de acceso a medios como la radio, la televisión, la informática y la telefonía celular. La educación tiene un cubrimiento, si no ideal, aceptable. Los estadígrafos son muy dados a confrontar situaciones sobre asuntos vitales de los países, que los dirigentes asumen como objetivos, sin tener en cuenta que “el peor dolor es el mío”, que “toda comparación es odiosa” y que “mal de muchos consuelo de tontos”. Los discursos de los dirigentes, en los que destacan avances en tal o cual rubro socioeconómico en el área de su responsabilidad administrativa, comparándolo con otros supuestamente análogos, no son más que recursos demagógicos, para justificar sus falencias; o argumentos de culebrero para descrestar incautos. Es inexplicable que se elijan malos gobernantes y legisladores; y que los de mejores condiciones sean los menos votados, cuando se supone que los electores tienen suficiente ilustración. Esa absurda realidad sólo se explica por la influencia de “don dinero” en la política, o por la amenaza de actores armados, en lugares hasta donde el Estado no llega con los beneficios de la seguridad y los servicios sociales básicos. Los intereses perversos se han impuesto sobre el bien común, mientras los gobernantes miran para otro lado. El fenómeno se acrecentó por el narcotráfico y las organizaciones criminales armadas, cuando capos y “comandantes” decidieron influir en los electores, comprando sus decisiones con “rútilas monedas” o amenazándolos de muerte. 
La situación amerita mucho más que discusiones bizantinas, en las que los gobernantes imponen sobas donde hay fractura. Por ejemplo: ¿por qué no aumentar considerablemente las unidades policiales, en vez de adquirir aviones de combate, tanques y submarinos? Para los desinformados, eso pasó en Bizancio, cuando ideólogos del imperio romano se ocupaban de definir asuntos religiosos sobrenaturales, mientras los invasores turcos escalaban las murallas de la ciudad.