Sin duda, el hecho económico más relevante de la semana anterior fue la aprobación del presupuesto del Gobierno nacional para 2024, en medio de las particulares condiciones que enfrenta hoy la economía colombiana, con una inflación desbordada, altas tasas de interés, grave riesgo de incumplimiento de la Regla Fiscal por el excesivo endeudamiento y mayor gasto público y, particularmente, en medio de la estrepitosa caída de los sectores de industria, comercio y construcción. Lo cierto es que se ha aprobado un presupuesto nacional por la cuantiosa suma de 503 billones de pesos (19% más que para 2023).

Pero ¿de dónde saldrá tanta plata? He ahí el meollo del asunto. Lo que han advertido analistas económicos y algunos(as) congresistas responsables y sensatos(as), es que el presupuesto está desfinanciado; es decir, que los ingresos no alcanzarán para cubrir todos los gastos. Por ejemplo, muy atinadamente una joven, juiciosa y “arrepentida” congresista ha dicho: i) que “se recaudarán $15 billones por cuenta de arbitramentos y litigios, a sabiendas que en los últimos 10 años se ha recaudado cero pesos por ese concepto según respuesta oficial de la DIAN”; ii) que “recaudarán $13,3 billones adicionales porque la DIAN será más eficiente en su gestión gracias a mecanismos de ‘recaudo inteligente’, algo que nadie sabe qué es, ni si funcionará…”; iii) que “planea una meta de subejecución de $14 billones, esto es, que sus carteras y entidades no ejecutarán $15 billones… estos dineros hacen parte del rubro de ingresos fiscales…” lo que en la práctica quiere decir que estos recursos no existen.

Solamente estas tres partidas presupuestales representan un desfase de $43 billones (8,5% del presupuesto), lo que pone en riesgo las finanzas públicas de la nación, pues abre una posibilidad real de incumplimiento de la Regla Fiscal, como quiera que, de una parte, no se tiene certeza del costo fiscal de las reformas pensional y de salud que actualmente se tramitan, lo que hace prever un elevadísimo y creciente nivel de gasto público para los próximos años; y de otra parte, luce poco creíble que el Gobierno central logre “cuadrar caja” con buena gestión de la DIAN y con inciertos arbitramentos y litigios. En otras palabras, gracias a unas ‘cuentas alegres’ Colombia se va a gastar una plata que no tiene.

Pero hay otro tema que también preocupa: la deuda pública. Por una parte, hay que resaltar que de los $503 billones de ingresos proyectados para 2024, $74 billones provendrán de la adquisición de nuevos préstamos, tanto internos como externos. Y por otra parte, destinarán aproximadamente $95 billones (casi la quinta parte de todo el presupuesto de gastos) para pagar capital e intereses de la deuda vigente. Por supuesto que buena parte de estos nuevos empréstitos irá a financiar inversión (aunque también mucho de funcionamiento), pero es claro que, después de sumas y restas, lo que hará este Gobierno del cambio (y en honor a la verdad ‘casi’ todos los anteriores gobiernos), será endeudarse para atender deudas ‘viejas’. Ni más ni menos.

Y en lo que a Caldas se refiere, resulta lamentable, por decir lo menos, que el presupuesto nacional para 2024 no destine nada para Aerocafé. ¿Falta de gestión parlamentaria? Difícil tarea para los próximos mandatarios locales (gobernador y alcalde). Se vislumbra pues un panorama difícil en materia de finanzas públicas, con un gasto por encima de los ingresos, un endeudamiento que empieza a salirse de los límites razonables y un posible incumplimiento de la Regla Fiscal que podría deteriorar las condiciones de financiamiento del país.

La pregunta que queda es: ¿cómo pudo el Congreso de la República (no todos los congresistas, por cierto) aprobar este presupuesto?