La idea de una superintendencia para la educación superior a fin de ejercer el control y vigilancia de las instituciones que prestan el servicio público universitario es clave por muchas razones. El Congreso hace algunos años lo había ordenado por ley, actualmente hay varios proyectos, entre ellos uno que le da hasta rango constitucional. Hay, pues, un movimiento fuerte que cree que es conveniente que ha concluido que se requiere de una institución especializada para poder llevar a cabo el control y vigilancia, que no se ha podido realmente desarrollar en el Ministerio de Educación. Además, no es lo mejor ser juez y parte al mismo tiempo, al hacer la política pública, promover el fomento de la educación y a su vez ser el inspector, para esto es mejor contar con una superintendencia.  
Doy algunos ejemplos que pueden ayudar a comprender la problemática. El Ministerio no ha logrado históricamente poner en cintura a las instituciones que, de manera camuflada, tienen ánimo de lucro y que se han revestido de fundaciones o corporaciones como si fueran sin ánimo de lucro, pero que son en el fondo negocios. Soy consciente que no es el común denominador del sector, pero no son escasas y hay que hacer cumplir el deseo que reiteradamente la sociedad ha manifestado que no quiere que la educación superior termine tratada como una mercancía. Para este caso es necesario que el Estado tenga los medios, herramientas para ejercer su trabajo.
De otra parte, hay una debilidad muy grande en términos corporativos en el sector universitario, que debe ser enfrentada de dos maneras, por una parte, con zanahoria, mediante el apoyo para el desarrollo institucional que lo puede hacer el Ministerio, pero también hay que afrontar, tanto a nivel de las instituciones oficiales como de las privadas, con garrote otras situaciones que son verdaderas irregularidades. Pues se trata de violación a los regímenes de conflicto de intereses, de ausencia de procesos participativos y democráticos, como de eventos de clara corrupción. No podemos ser tan ingenuos ni irresponsables de dejar las cosas como están. Esto atenta contra el derecho a la educación de muchas personas.
Hacer bien estos procesos de control y vigilancia, por otra parte, requieren de un talento humano muy especializado. La experiencia que ha tenido el país con la ya centenaria Superfinanciera, que es uno de los organismos oficiales más especializados y técnicos, con personal bien remunerado, con planes explícitos de formación y actualización permanente, y con altos estándares éticos, puede servirnos para la hoja de ruta de la concepción e implementación de la Superintendencia. Esto lo debemos esperar de toda la administración pública, pero hay que propiciar y darle las condiciones de posibilidad. Y podría asegurarse mejor con una nueva entidad y con un proceso de reclutamiento que sea el resultado de una amplia y transparente convocatoria.
Hay preguntas sobre si debería ser una Superintendencia general de Educación. Mi posición férrea es que debe ser especializada para el sub-sector de Educación Superior. La educación inicial y básica y media tienen sus dinámicas propias. Las secretarías de educación departamentales y las municipales certificadas, realizan esa labor. La autonomía de dichas instituciones es mucho menor que las de las universidades. Los sujetos del control son muy distintos.  
En este debate sería bueno revisar las experiencias en otros países para poder contar con esos referentes. Pero el debate hay que darlo y darlo a fondo. No se debe esquivar, como curiosamente sí lo hace el borrador de proyecto de reforma de la ley 30.