No es compatible la transición energética con incertidumbre regulatoria. Si después del fracaso de las resoluciones de Min Minas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el presidente quiere resolver el problema de energía en el Caribe, hace muy bien. Sin embargo, esto se puede lograr con una intervención puntual, sin tener que asumir toda la agenda regulatoria. Mucho se puede hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, un cronograma de decretos o en la misma CREG. Se debe evitar enviar señales de contracción, cuando la supuesta narrativa es de expansión de renovables. Si no hay claridad, podemos acabar con nubarrones de apagón en un sistema contaminante.
 El presidente está asumiendo directamente el estudio de la regulación de energía, frustrado por la falta resultados. Asumir toda la agenda regulatoria de servicios públicos causaría una parálisis regulatoria o el descuido de otros temas de Estado. No todos los temas son de relevancia para tomar el tiempo del presidente, además, su asunción implica la elaboración de tantos estudios técnicos, que no existen funcionarios en palacio que los puedan hacer. Más bien, el presidente puede ejercer un control preferente de la agenda regulatoria para escoger solo los temas de especial importancia. La alternativa es que el gobierno debe nombrar tres comisionados que más su viceministro, fácilmente lograría control técnico sin el traumatismo que esta propuesta crea.
 Sí podría ser útil introducir mandatos más claros de sostenibilidad en las leyes de servicios públicos. La ley 142 fue revolucionaria al permitir invertir capital privado para prestar servicios públicos domiciliarios. Se diseñó una robusta capacidad regulatoria en las comisiones técnicas y de vigilancia con la Super de Servicios Públicos. Al mismo tiempo que limitó las utilidades, también reconoció que ese capital requiere un retorno razonable para expandir coberturas y mejorar la calidad del servicio. Su mandato social hace que los estratos altos paguen tarifas más costosas para financiar un subsidio cruzado para los estratos más bajos. Su neutralidad tecnológica se debe actualizar para premiar lo sostenible.
 Por fortuna, el sector de telecomunicaciones no hace parte de esta nueva política regulatoria. La actual ministra y su comisión de regulación tienen una agenda reformista que quiere abordar temas novedosos. No obstante, la injerencia del Consejero Presidencial Digital en diciembre logró que no bajaran tanto las tarifas como estaba originalmente previsto en la Resolución 7007. Lamentablemente, la postura técnica pro-consumidor la frenó la injerencia política.   
 Curiosamente, lo que sobra son recursos privados para invertir en renovables; la transición energética solo necesita señales regulatorias de largo plazo para materializarse. Al generar dudas sobre el retorno económico, disminuye la inversión, ya Fitch expreso su preocupación sobre las inversión de distribución y transmisión. Aunque la intervención tarifaria pueda tener efectos inmediatos, los resultados a mediano plazo serán devastadores. Inclusive, 2025 se está viendo apretado y puede que necesitemos más energía, ojalá sea limpia.   
 PS No es clara ninguna razón para intervenir la Comisión de Regulación de Agua.