Durante la madrugada del pasado viernes, con 98 votos a favor y 45 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el texto completo de la llamada Ley de Crecimiento Económico o reforma tributaria que días antes había sido aprobado en la plenaria del Senado. Con ello se evitó el trámite de la conciliación y el documento pasó directamente a sanción presidencial, para que lo allí estipulado comience a aplicarse a partir del 1 de enero del 2019, con el objetivo de recaudar $13,5 billones el año entrante.
El Gobierno Nacional logró conformar mayorías para volver a darle vida con algunos cambios a la reforma del año pasado, que fue llamada Ley de Financiamiento, y que por vicios de trámite fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Así las cosas, el fantasma de la desfinanciación del Plan Nacional de Desarrollo quedó enterrado y la administración del presidente Iván Duque logró un respiro profundo en la búsqueda de consolidar su política económica. Llamó la atención el vaivén en las posiciones de partidos como el Liberal que en un momento apoyaba la iniciativa y en otro la atacaba, dando muestras de total incoherencia en un tema que requería tanta responsabilidad.
De acuerdo con el Ejecutivo la permanencia de esta norma ayudará a que siga en ascenso la atracción de capitales de inversión extranjera y la generación de empleo, así como el crecimiento de la economía. Desde algunos sectores, como los que lideran el paro nacional y los partidos de oposición, hay críticas acerca de que esta reforma contribuye poco a cerrar brechas sociales y a hacer más equitativa la participación en el aporte de impuestos. Rechazan, por ejemplo, que del bolsillo de los colombianos tengan que salir los recursos para salvar una empresa como Electricaribe, o que se les haya aplicado exención de impuestos a las farmacéuticas.
También hay reparos a la aprobación de los tres días sin IVA que poco aportarían a la dinámica económica general, aunque es sano que se devuelva el IVA a los más vulnerables a través de los mecanismos que hoy se usan para entregarles otros subsidios. Se espera que los puntos que pretenden estimular la contratación laboral de jóvenes funcionen de la manera prevista, y que con ello se pueda combatir de manera efectiva el desempleo y mejorar la calidad de los empleos en el país.
Pese a que con esto el Gobierno afirma que se asegura el recaudo de impuestos en lo que queda del cuatrienio, esta reforma se queda corta en el cambio estructural necesario para avanzar en la mejora de la equidad y en el crecimiento sostenible que requiere el país. El hecho de que $5 billones de lo previsto corresponda a los recursos que llegarían en la lucha contra la evasión y la elusión de tributos resulta bastante ambicioso. No obstante, ese es el camino correcto, que quienes le hacen trampa al Estado en materia de impuestos sean obligados a hacer su aporte.

Las tasas de tributación en Colombia siguen siendo muy altas, lo que genera evasión y por lo tanto menores recaudos. Un sistema impositivo más sencillo y menos oneroso para los contribuyentes le debe generar más recursos al Estado y permite una economía más formal y equitativa. Esta reforma apunta hacia ese propósito, y por ello es afortunada. Sin embargo, mucho se tendrá que trabajar en la eficiente asignación de los recursos públicos, empezando por una lucha frontal contra la corrupción, para que tengamos una sociedad más justa, en la que se privilegie la iniciativa privada y el desarrollo social de todos los colombianos.