El recrudecimiento del conflicto en el suroccidente colombiano está mostrando que es el resultado de un cúmulo de errores del Gobierno nacional, ahora y antes. Después de la firma del proceso de paz con la guerrilla de las Farc en el 2016 se dejó crecer en el Cauca y el Valle del Cauca el accionar de grupos armados ilegales, paralelo con el incremento del narcotráfico en territorios abandonados por el Estado y habitados por población cada vez más vulnerable. Todo esto junto se volvió un caldo de cultivo perfecto, que sumado a la laxitud del Gobierno actual terminó por desatar los nuevos hechos de violencia.

Ineficientes han sido las estrategias con las que ha acudido el Estado, al que le ha faltado pensar integralmente. De muy poco han servido los intentos de diálogo del Gobierno actual dentro de su política de paz total; en especial con la guerrilla del Eln, y el Estado Mayor Central (Emc) de las disidencias de las Farc que ha hecho ataques terroristas esta semana dejando muertos y heridos en estos dos departamentos; entre ellos población civil, incluso un menor de edad. Tampoco ha tenido los efectos esperados el cese al fuego bilateral y los acuerdos para parar los secuestros, el reclutamiento de menores, los hostigamientos. Todo por falta de voluntad de estos ilegales.

Es clarísimo que son territorios que requieren intervenciones sociales, mayor presencia estatal con programas; pero eso solo no va a resolver la situación. Hay que acompañarlo con todas las herramientas disponibles para hacerle frente y resolver la grave inseguridad que reina en el Valle y en el Cauca, actualmente que llegó ya a zonas urbanas. El Gobierno debería hacer un cambio en su estrategia militar y pasar a la ofensiva contra estas guerrillas, de manera que se pueda proteger a las comunidades, que están quedando en medio del fuego cruzado y asumiendo las nefastas consecuencias.

Se requiere el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, no su desmantelamiento. Incomprensible la primera reacción del presidente Petro a este ataque del Emc, de destituir al comandante del Ejército Nacional y nombrar en su reemplazo a un general en retiro. Si el desempeño no era el que se quería dentro del Ejército, el presidente debió actuar oportunamente y haber hecho el cambio antes, por un militar de mayor carácter que evitara lo que se está viviendo en esta región del país. Lo que sí llama poderosamente la atención en este Gobierno son muchos los militares y policías relevados de sus cargos y también se han reducido sustancialmente los recursos para el funcionamiento y operaciones de estas Fuerzas, lo que ha limitado responder adecuadamente a la seguridad del país.

Ahora sí el Gobierno está contemplando no pactar un nuevo cese al fuego con el Emc, del que por lo menos el 60% son disidencias que no están dentro del proceso de los diálogos de paz con el Gobierno. No solo esa negativa dificulta el desarrollo de las conversaciones, sino que vuelve inútil cualquier intento de negociación de paz. El Emc son tantas guerrillas a la vez, que pactar con todas se hace prácticamente imposible, mucho menos cuando su intención de fondo no es la paz sino seguir a toda costa con sus negocios ilícitos, aún por encima de la población civil. Así no hay paz posible.