De los bienes más preciados para cualquier estado es la seguridad, de allí se desprenden ganancias que a veces son minimizadas e incluso se vuelven invisibles para los gobernantes como son el bienestar de la población, su felicidad, su tranquilidad, el deseo de permanecer porque siente que le brinda garantías. Cuando hay seguridad empiezan a coexistir otros factores más palpables como el ordenamiento territorial, el cumplimiento de leyes y normas, la mejora de la economía en atracción de la inversión local y extranjera, especialmente de esta última. Todos estos son bastante positivos, anhelados, deseados; pero lo contrario sucede cuando se flaquea y se cede espacio a la inseguridad. Lamentablemente ese escenario adverso está pasando en Manizales, donde de las 467 cámaras de seguridad instaladas para el sistema de vigilancia local no están funcionando 110, casi la cuarta parte tiene problemas y eso abre un boquete a favor de la delincuencia. La situación la puso en evidencia ayer LA PATRIA en un informe basado en una tutela que presentó una ciudadana, en la que además expone otro delicado problema: no hay acceso por telefonía fija a los CAI. Para solicitar cualquier servicio de la Policía debe hacerse por la línea 123, que no es expedita, o por el contacto del cuadrante, que no todo el mundo conoce. Completa la demandante que el mismo problema de comunicación por teléfono fijo lo tiene la estación de Bomberos Maltería, línea que está suspendida.
En estas condiciones queda bien difícil mantener los índices de seguridad en una ciudad y garantizarlos como derecho. Un juzgado falló en septiembre y le ordenó a la Alcaldía reponer en 10 días las líneas telefónicas de la Policía y de Bomberos que estuvieran fuera de servicio, además, que en un plazo de 3 meses repare las cámaras deterioradas, pero el Municipio apeló de esta decisión y el proceso pasó a segunda instancia en otro juzgado. Mientras esto se resuelve desde lo jurídico, Manizales sigue con parte de sus equipos de seguridad dañados y obsoletos, y la comunidad expuesta.
Esta Alcaldía no se puede conformar con irse sacando pecho porque en algunos indicadores de seguridad termina bien. El equipamiento en esta área es parte de su obligación y no cumplió, porque no es nuevo que las cámaras estén fallando o requieran un cambio por su vetustez. Patricia del Pilar Ruiz, primera secretaria de Gobierno que tuvo la Administración Marín, lo advirtió en el 2020 cuando renunció, y dijo que para ello debía ejecutarse un proyecto que había dejado estructurado. ¿Qué pasó con ese aviso? ¿Hicieron caso omiso? Lo que dejan, por no enfrentarlo y priorizarlo, es un grave y costoso problema legal y económico al alcalde entrante.

Ante la precariedad en el número de policías disponibles en la ciudad, las cámaras de seguridad deben ser un recurso eficiente y expedito para enfrentar la delincuencia, como sí lo han entendido en otras partes del mundo. Entre más cámaras de este tipo existan, mayor respaldo tendrán las autoridades para actuar, eso está probado en la reducción de la inseguridad. Londres, capital de Inglaterra, es de las ciudades más vigiladas por el sistema de cámaras, mantener la seguridad está entre las prioridades de sus gobernantes. Pueda ser que el alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, llegue con esa misma intención y solucione pronto estos problemas.