Lo que a todas luces fue una falta de planeación en la ejecución de proyectos durante la alcaldía de Carlos Mario Marín en Manizales, también se está conociendo de la gobernación de Luis Carlos Velásquez. Los diputados de Caldas andan entre la espada y la pared para aprobar o negar un proyecto de ordenanza con el que el gobernador, Henry Gutiérrez, busca adicionar $43 mil millones al presupuesto departamental de este año, de los cuales cerca del 70% (unos $30 mil millones) provienen de vigencias expiradas; es decir que a pesar de disponer del recurso no se ejecutaron en el 2021, tampoco en el 2022, ni mucho menos en el 2023.

Esa mala planeación durante la Administración Velásquez llevó a violar el principio de la anualidad del presupuesto público, porque teniendo proyectos establecidos con recursos en caja, procedentes de la Nación y del propio Departamento, no se ejecutaron las obras en los tiempos estipulados y lo que se hizo fue ir pasando año tras año esos dineros hasta convertirse en este 2024 en un pasivo exigible. Esa es una figura que obliga a pagar las cuentas pendientes por obras cumplidas con esos recursos y a poner en conocimiento de la Procuraduría y de la Contraloría la situación, para que establezcan por qué se dejaron vencer las reservas y determinen posibles responsables.

Este proyecto ya pasó el primer debate en Comisión Primera de la Asamblea, aunque la Segunda lo había votado negativo el viernes. Hoy, seguramente, citarán a segundo y último debate en plenaria para su votación. Los $13 mil millones restantes del total de la adición no tienen problema, el temor es sobre el grueso de los recursos porque se podría generar un detrimento patrimonial al no haber ejecutado obras en el 2021 y ahora se tendrán que hacer incrementos; que no se sabe quién los va a asumir. Si del proyecto se deriva algún problema sería jurídico, que deberá enfrentar la Gobernación como ordenador del gasto.

Así debió entenderlo la Administración Velásquez, que tuvo que ser más eficiente y acelerar la ejecución, pero dejó avanzar la situación y ya hay que agregarle otro riesgo: que la Nación reclame sus dineros porque no hay obras terminadas y se pierdan. Por eso el argumento de los que están a favor en la Asamblea es que se necesita hacer la incorporación de los recursos al Presupuesto 2024 para terminar estos proyectos viales, que siguen inconclusos.

Ahí están la Vía del Hermanamiento Riosucio-Jardín cuyo contratista, Elein Samaná, se encuentra bajo la lupa y ahora le dieron plazo hasta noviembre para ejecutarla. El interventor dice que hay un 32% de avance, pero la Comisión Accidental de Seguimiento a las Obras reporta que no llega a 20%. De 6.5 kilómetros debería tener pavimentados por lo menos 2 y no hay siquiera uno hecho. Este contrato es de $33 mil millones, al que se le ha girado el 30% y si el proyecto pasa en la Asamblea le entregarán $6.400 millones más, cifra que seguramente no alcanza para terminar la vía. Los perjudicados serán las comunidades, que seguirán sin vías adecuadas para desplazarse.